La Justicia no le dio lugar a la denuncia del Ejecutivo contra la CIAP

El 14 de julio de 2016, la Intendente Brunilda Rebolledo denunció a la gestión anterior, liderada por Juan Carlos Fernández, y a los miembros de la Comisión de Interpretación y Composición Paritaria (CIAP) por considerar que algunas actas de la Comisión y artículos plasmados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), habían sido utilizados de manera inconstitucional, para otorgarse aumentos de sueldo de forma encubierta, beneficiando a un sector jerárquico en perjuicio de los intereses comunes de los empleados municipales. 

En febrero de este año, a seis meses de iniciada la causa, el Tribunal Superior de Justicia no acordó con la denuncia presentada por los asesores legales del Municipio, y declaró que tanto el CCT como los artículos cuestionados, son efectivamente constitucionales, descartando la hipótesis del Ejecutivo local.

Sin embargo fue la semana pasada cuando, nuevamente, la Justicia falló a favor de los miembros de la CIAP, entre los que se encuentra Segundo Andrade, delegado de la Junta Interna de ATE, esta vez sobreseyéndolos en las causas.

“Ahora realmente todos deberán apegarse a lo que dice el CCT, porque es la misma Justicia la que así lo dice y determina; esta es una nueva batalla ganada para los trabajadores, que siempre nos manejamos con honestidad y transparencia”, expresó Andrade en diálogo con este medio, denunciando además que la asesoría legal para este caso le costó a las arcas municipales “más de medio millón de pesos”.

La sentencia, que aún no está firme, podrá ser apelada por el Ejecutivo durante esta semana, aunque el interrogante es, en las circunstancias actuales, si efectivamente lo hará.