A raíz de la consulta de la Cámara de Comercio y grupos de vecinos, están preparando un informe que será presentado a la brevedad al Concejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal.

14 Feb 2018
    

Como es habitual,  desde el momento de la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y  el Ambiente, las instituciones intermedias, organizaciones y vecinos acuden a diario a realizar distintos planteos  buscando apoyo  y consejos por parte de los tres defensores (un titular y dos adjuntos), una empleada administrativa y un asesor externo.

Según se supo, el trabajo creció rápidamente y actualmente se encuentran a la espera de ampliar su plantel, como también extender el horario de atención, para lograr una mejor recepción de los problemas generales que tienen que ver con el andar cotidiano de la ciudad.  Por suerte y a pesar del poco personal, nadie sale de allí sin alguna respuesta o corto de esperanzas.

El tema del momento es el fuerte incremento en los valores de las boletas del TCI, que en algunos casos superó el 100% de la última de 2017. Es por ello que fueron varios los vecinos, además de los representantes de la Cámara de Comercio, que se acercaron a consultar y buscar ayuda a través del análisis que realizan a estas cuestiones desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente.

El informe que preparó Fernando Bravo, Defensor titular, junto a sus colaboradores, verá la luz esta semana además de llegar a la mesa de entradas tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal, que para estas épocas comparten titular ya que el presidente del cuerpo legislativo oficia de intendente a cargo porque Brunilda Rebolledo se encuentra de vacaciones.

La metodología de trabajo de la defensoría del pueblo siempre fue “proactiva” esto quiere decir que no solamente envía notas realizando observaciones a las distintas situaciones que se plantean, si no que ofrece alternativas al problema.

En diálogo con el programa Cosas que pasan de Radio Fun, Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente comentó “Desde luego que esas alternativas no tienen porque ser seguidas por la autoridad o no tienen porque ser las mejores, son alternativas”.

Sobre el informe explicó “No me estoy refiriendo a un estudio técnico, para eso necesitamos una serie de datos que en la perentoriedad del reclamo y de la respuesta, no tenemos, pero si nosotros nos ponemos a dilatar, primero pidiendo información a cada uno de los organismos, a Hacienda, a Rentas, vamos a terminar dando respuesta dentro de 40 días y no es la idea”.

Y continuó “La idea es una primera impresión y a partir de esa primera impresión, hacer una serie de observaciones que podrían encausar la discusión, e incluso modificar algunos aspectos de la normativa en vigencia”.

En este sentido Bravo aclaró “En materia impositiva no podés tomar decisiones totalmente arbitrarias, tenés que hacer simulaciones que te permitan correr las ideas para ver cuáles son sus efectos, por allí tenés una intención y termina siendo otra”

El criterio utilizado en nuestra ciudad, de atar el impuesto a la valuación fiscal, se repite en distintos municipios de la provincia y del país “con lo cual uno no podría decir que se hizo un disparate” comentó Bravo. En otros casos, se calcula este impuesto con criterios basados en metros lineales, superficie, etc.

En San Martín de los Andes, se modificaron las escalas, agregando una nueva, se hizo de manera tal que luego de la revaluación fiscal, el contribuyente cambió automáticamente de categoría y se encontró con un incremento muy significativo de sus tasas. Según el Defensor del Pueblo, en este caso se quebraron dos principios elementales, por un lado el principio de previsibilidad y por el otro el criterio de gradualidad.

Del primero Bravo comentó “Vos tenías un escenario y proyectabas en función de tus gastos e ingresos. Ahora, de buenas a primeras, te cambian el escenario de manera absolutamente para vos inconsulta”. Y acláró “No estoy diciendo que el Ejecutivo y el Concejo Deliberante tengan que salir a hacer una consulta popular para esto, pero  te provocan un impacto sin decirte nada, sin anticiparte nada”. Y continuó “Para la gente sería previsible que si tenés una inflación del 20%, le aumenten el 20%, si vos le aumentaste el 100% eso no tiene previsibilidad alguna”.

Con respecto al criterio de gradualidad, el Defensor detalló  “Si vos aumentaste el 100% porque hace 2 o 3 años venís  sin aumentar, eso no tiene responsabilidad alguna el contribuyente, vos estás obligado a cumplir con esa previsibilidad y con esa gradualidad, si no, lo ponés en una situación prácticamente de indefensión”.

Además sobre esto reflexionó “Creo que en algunos casos, se pone muy próximo a la confiscatoriedad. Es opinable desde el punto de vista técnico y académico”.

Respecto a la presentación del informe y su contenido Bravo contó “Seguramente se va a traducir, no en un informe técnico académico, porque no tenemos tiempo para eso, tenemos que dar respuesta con cierta celeridad, pero no implica falta de seriedad. Pretendemos que tenga, dentro de lo posible, el rigor que nos permite las circunstancias y que al mismo tiempo sea una orientación para que se hagan las simulaciones que correspondan para modificar criterios”.

Al concluir Fernando Bravo resumió “¿Tiene potestad el municipio para hacer lo que hizo? Si, la tiene. ¿Está bien lo que hizo? No, no está bien. Porque ha modificado criterios, impactando en el  bolsillo de la gente”.