El senador Guillermo Pereyra adelantó su voto a favor de retrotraer el aumento de tarifas

“Este proyecto tiene un montón de imperfecciones, pero no hay otra alternativa porque no he visto en el oficialismo que presenten una opción que contemple lo social, lo que reclama la gente”, dijo al justificar su voto positivo el senador neuquino. Al mismo tiempo criticó que a los trabajadores les pongan techo para negociar paritarias, “donde desde fines de 2015 a la actualidad han aumentado los salarios un 76%, mientras que las tarifas han superado el 1.200%; cada vez alcanza menos. Es el reclamo unánime de toda la gente"

 

A su vez dijo tener en claro también, que el proyecto procedente de Diputados avanza sobre las autonomías provinciales, “porque todas las provincias tienen sus empresas de electricidad y es muy difícil obligarlas a devolver el dinero o acreditarlo”, pero aseguró que “no tenemos otra opción, por eso nos queda solo acompañar este proyecto”.

 

Al inicio de su discurso valoró el Plan Houston implementado por el presidente Raúl  Alfonsín en la década del 80, e hizo una reseña sobre las políticas energéticas de las sucesivas presidencias que, a partir de ahí, llevaron a la Argentina a padecer el fuerte déficit energético que atraviesa en la actualidad. Allí, hizo especial énfasis en el 2003 cuando el grupo Skenazi compró parte de las acciones de Repsol-YPF “que pagaban con rentabilidad. Le regalamos al grupo Skenazi gran parte del patrimonio de los argentinos y no invirtieron un solo peso. Se llevaban la rentabilidad a otras partes del mundo". “En Loma de la Lata hicieron un solo pozo en un año, cuando debería haber hecho cincuenta solamente para reponer la producción que iba perdiendo por la exportación de gas a Chile, se exprimieron los yacimientos”, agregó.

 

También criticó lo que llamó ‘la época de los subsidios’, “donde veíamos barrios cerrados con piletas climatizadas, total regalábamos el gas. Mientras, del otro lado teníamos las garrafas sociales”.

 

La iniciativa que se debate en el Senado propone retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y subordinar los aumentos en las facturas de luz, agua y gas a la evolución de los salarios (para los consumos hogareños) y al índice de precios mayoristas del Indec (para las PyMes).