El bloque de concejales de Unidad Ciudadana expuso sus argumentos en contra del aumento del boleto.

08 Nov 2018
    


En la reunión de la comisión de labor legislativa, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana fundamentó la decisión de no votar la ordenanza que aplica una aumento del boleto escalonado, llegando a un valor de $27.45 para febrero de 2019. Allí los concejales expresaron su rechazo a que el vecino con menos recursos, el que utiliza el transporte urbano de pasajeros para ir a trabajar o estudiar, sea quien termine pagando el congelamiento de los subsidios aplicado por el Estado Nacional a partir del año 2017.

Los concejales no cuestionan el cumpliemento del pliego de licitación, ni tampoco desoyen el pedido de Expreso Los Andes. Pero desde el momento en que se presentó la solicitud de ajuste en la tarifa del transporte, la postura del bloque fue la de reclamar gestiones para que el considerable aumento no recaiga en los que menos tienen.

Se explicó que el valor del boleto se ve afectado por el congelamiento de dos subvenciones. Una es un tope en la cantidad de litros de gasoil subsidiado, lo que afecta a los nuevos recorridos y los nuevos servicios que implican más combustible. La otra es la eliminación de la subvención a los nuevos incrementos salariales, que con la inflación afectaron de manera significativa a los números de la empresa.

Con relación al año 2017, esta retirada por parte del Estado Nacional significó la quita de un monto anual de $15.000.000 lo que, sobre el total de los $70.000.000, significó un poco más del 21% de aumento que se termina expresando en el aumento del boleto. Este incremento ni siquiera considera el anuncio de la quita de subsidios para el año 2019.

Simplemente, analizando el tope del subsidio al gasoil, se puede entender cómo las ciudades que crecen y que demandan más frecuencias o ampliaciones de recorridos, incrementando el consumo de combustible son las más castigadas con este congelamiento.

Más allá de este análisis, el bloque de Unidad Ciudadana cuestionó la falta de gestión del Estado Municipal para no trasladar el aumento al usuario, y sobre todo la pasividad del gobierno provincial, que recibe un aumento en sus regalías, producto de un dólar alto, con una explotación petrolera en crecimiento, y no propone cubrir el vacío generado por Nación.