La Legislatura provincial se encuentra activa y ya ingresaron 7 proyectos durante el mes de enero

El vicegobernador de la provincia del Neuquén y presidente de la Honorable Legislatura Provincial, Rolando Figueroa, destacó que la Legislatura se encuentra activa y aseguró que en caso de ser necesario tratar alguna propuesta en la Cámara en sesiones extraordinarias, “están todos los resortes constitucionales y legales dispuestos. Estamos todos los días con  Alma Sapag –presidenta de la Comisión Observadora Permanente- y con varios diputados en la Legislatura trabajando sobre los temas de la agenda legislativa”.

 

En este sentido, resaltó que durante el mes de enero ya ingresaron 5 proyectos de ley y 2 de declaración. Los mismos fueron presentados por Oscar Smoljan (2) –UCR-; Gabriel Romero -Frente Renovador-; Patricia Jure -FIT-; Guillermo Carnaghi -FPV- y Raúl Godoy (2) -FIT-.

 

Las iniciativas elevadas por Oscar Smoljan piden crear un Programa de Mecenazgo para la Promoción Cultural y un Museo Regional de Artes Visuales. Por su parte, Gabriel Romero dispone la necesidad de modificar, a través de una enmienda, la Constitución Provincial e introducir cambios en el régimen electoral en la elección de gobernador y vice. En ese sentido, incorpora la instancia de ‘ballotage’ y establece los mismos requisitos porcentuales previstos a nivel nacional para ganar una elección en primera vuelta.

 

Dos iniciativas se pronuncian sobre temas vinculados a la actividad petrolera. El proyecto de declaración elevado por el diputado Carnaghi se expresa en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional para eliminar instancias de control sobre las empresas del sector. En tanto, la iniciativa presentada por Jure prohíbe la posibilidad de realizar despidos o suspensiones en el sector por un plazo de 180 días.

 

Por su parte, los proyectos presentados por Godoy se refieren a la extinción de causas relacionadas a la protesta social y en rechazo al decreto de Emergencia de Seguridad Pública, rubricado por el Gobierno Nacional.

 

Programa de mecenazgo para la promoción cultural

 

Con el objetivo de incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, el diputado de la UCR, Oscar Smoljan, presentó un proyecto de ley que crea el Programa de Mecenazgo para la Promoción Cultural. El mismo permite que proyectos culturales sin fines de lucro se inscriban en un registro de promoción cultural y puedan acceder a financiamiento de parte de patrocinadores y benefactores.

 

En contraprestación, los patrocinadores podrán deducir en concepto de ingresos brutos hasta el 50% del monto aportado, el cual será considerado como un pago a cuenta. En tanto, para los benefactores el monto total ascenderá al 100% del monto financiado. Ambos deberán encontrarse con sus obligaciones tributarias al día para acceder al beneficio impositivo.

 

Según el proyecto, la figura del patrocinador se diferencia del benefactor en que este puede relacionar su imagen o la de sus productos con el proyecto cultural. En tanto, el benefactor no puede exigir una contraprestación de ninguna índole por el aporte económico.

 

Por su parte, los proyectos culturales deberán ser sin fines de lucro y estar vinculados a la investigación, capacitación, creación y difusión en diferentes áreas del arte y la cultura. Para hacer efectivo el pedido de financiamiento, se crea un registro que permitirá la evaluación de los mismos. En su solicitud, el beneficiario deberá informar datos personales; antecedentes; descripción y objetivos del proyecto; planificación de actividades; fecha prevista de realización, finalización y presupuesto estipulado.

 

Aclara que la autoridad de aplicación de la norma, que recaerá en la Subsecretaría de Cultura, no puede aprobar ningún proyecto que no cuente previamente con una Declaración de Interés Cultural emitida por el Consejo de Mecenazgo para la Promoción Cultural. El mismo estará integrado por 6 miembros permanentes y 3 alternos, deberán tener una reconocida trayectoria en el ámbito del arte y la cultura, su desempeño será a ad honorem y los mandatos serán por dos años con opción a reelección por un período consecutivo.

 

El Consejo estará compuesto por un presidente, designado por el Ejecutivo provincial; dos miembros que representarán al Gobierno provincial; tres a propuesta de la Comisión de Educación de la Legislatura provincial y tres alternos por cada disciplina o agrupamiento de disciplinas designados por los miembros permanentes en su primera reunión.

 

El proyecto N° 9365 ingresó por mesa de entradas el 25 de enero con la firma de Oscar Smoljan -UCR- y el acompañamiento de Alejandro Vidal -UCR-; Teresa Rioseco -FPyN-UNE-; Mariano Mansilla -FPyN-UNE-; Gabriel Romero -FR-; Guillermo Carnaghi -FPV-; Ayelén Quiroga -NCN- y Damián Canuto -PRO-.

 

 

Museo Regional de Artes Visuales

 

El diputado Oscar Smoljan -UCR- presentó un Proyecto de Ley para crear un Museo Regional de Artes Visuales en la localidad de Zapala. Según la iniciativa, el mismo dependerá de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y servirá para albergar colecciones, realizar exposición y realizar tareas de preservación e interpretación de arte local y regional. Aclara que la nueva estructura edilicia deberá contar con condiciones técnicas, museológicas de conservación, seguridad y accesibilidad. En ese sentido, resuelve que hasta que se construya dicha sede, se deberá proveer al organismo de un inmueble provisorio para su funcionamiento.

 

Al respecto, dispone realizar un concurso de proyectos y licitación para llevar adelante la construcción del nuevo edificio. De igual modo, fija que hasta que se llame a un concurso para cubrir el cargo de director de la institución, el mismo estará a cargo de un funcionario designado por el Ejecutivo provincial que acredite trayectoria en el ámbito de la Cultura y las Artes.

 

Observa, en sus fundamentos, que la provincia no cuenta con un museo dedicado a las artes visuales regionales y que la falta de un espacio de estas características va en detrimento de los artistas regionales. También señala, como una acción relevante, la necesidad de emplazarlo en la localidad de Zapala, decisión que respeta principios de federalización y descentralización cultural, y contribuye a la promoción turística del interior de la provincia.

 

La iniciativa N° 9366 ingresó por mesa de entradas el 26 de enero con la firma del diputado Oscar Smoljan y el acompañamiento de Alejandro Vidal -UCR-.    

 

 

Iniciativa para proteger empleos del sector hidrocarburífero

 

Presentaron un Proyecto de Ley para prohibir por 180 días despidos o suspensiones de trabajadores que se desempeñen en empresas hidrocarbuíferas, en rubros anexos o que realicen actividades en yacimientos bajo convenio con la UOCRA. La iniciativa pertenece a la diputada del FIT, Patricia Jure, y sostiene que en caso de incumplimiento se deberá proceder a la reincorporación inmediata del trabajador. Incluye entre los beneficiarios a todo el personal cesanteado a partir del 1 de enero de 2016.

 

Señala en sus fundamentos que el proyecto apuntas a preservar puestos de trabajo en la actividad hidrocarburífera, hecho que preocupa por la baja en el precio del barril de petróleo o por la disminución de los subsidios que aporta el Estado Nacional para mantener su valor.

 

El proyecto N° 9364 ingresó por mesa de entradas el 25 de enero, con la firma de la diputada Patricia Jure -FIT-.

 

 

Piden asemejar el régimen electoral provincial al nacional

 

Presentaron un Proyecto de Ley para reformar la Constitución Provincial e incorporar los mismos requisitos electorales que prevé la Constitucional Nacional para elegir gobernador y vicegobernador. Para ello, señala que debe modificarse por enmienda el Artículo N° 202 de la Constitución Provincial y disponer en su redacción que la fórmula ganadora deberá obtener más del 45% de los votos afirmativos o el 40% más una diferencia del 10% sobre el segundo para ser proclamados gobernador y vicegobernador; caso contrario se llamará a una segunda vuelta, en el lapso de 30 días, donde competirán únicamente ambas fórmulas.

 

La iniciativa pertenece a cinco bloques de la oposición; FyPN-UNE-; NCN; PRO; FR y UCR y sostiene que la incorporación de los actuales parámetros para la primera vuelta y segunda vuelta que prevé la Constitucional Nacional le otorgan a al gobernador electo una “alta legitimidad de origen” y la formación de coaliciones electorales entre la primera y segunda vuelta para promover la gobernabilidad. 

 

Al hacer referencia al referéndum popular para hacer efectiva la enmienda constitucional, explica que el mismo debe ser convocado por el Ejecutivo provincial y coincidir con las elecciones que se celebren en el transcurso del año 2017. En dicha elección se agregarán boletas por el ‘SI’ o por el ‘NO’ a la enmienda y se detallarán las modificaciones que se pretenden incorporar. En caso de ganar el ‘SI’, se procederá a validar la enmienda y la misma se publicará en el Boletín Oficial.

 

Según el proyecto, una vez aprobada la enmienda, la Legislatura provincial deberá imprimir 3 mil ejemplares con el texto modificado. De ese número, 7 ejemplares serán firmados por el gobernador, el presidente de la Legislatura, los diputados que integran la Cámara y serán refrendados por el secretario de Cámara. Acto seguido, se enviarán dichos ejemplares al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; a la Legislatura Provincial; al Tribunal Superior de Justicia; al Archivo General de la Nación y al Archivo Histórico.

 

Recuerda en sus fundamentos que la Reforma Constitucional de 1994 introdujo la doble vuelta para la elección directa de presidente y vicepresidente al establecer en su artículo 97° que en caso de obtener más del 45% de los votos en primera vuelta, los integrantes de la fórmula más votada serán proclamados presidente y vice. De igual modo, podrán hacerlo si obtienen el 40% de los votos con una diferencia del 10% respecto de los candidatos que los siguen en cantidad de votos –artículo 98°-. Aclara también que es difícil encontrar en la Argentina dos sistemas electorales que sean exactamente iguales en todas sus facetas y que sólo incorporan la figura del “ballotage” Chaco, Corrientes, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

El proyecto N° 9362 ingresó por mesa de entradas el 18 de enero con la firma de los diputados Teresa Rioseco; Pamela Mucci; Mariano Mansilla -FPN-UNE-; Ayelén Quiroga; Juan Monteiro -NCN-; Gabriel Luis Romero -FR-; Oscar Smoljan; Alejandro Vidal -UCR-; Damián Canuto y Carolina Rambeaud -PRO-.

 

 

Rechazo a DNU que limita control sobre empresas hidrocarburíferas

 

El diputado del FPV, Guillermo Carnaghi presentó un proyecto de declaración en  rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 272, firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. El mismo deroga parte del articulado de la reglamentación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, N° 26.741, que permitió la nacionalización del 51% del paquete accionario de la empresa YPF, y disuelve la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

 

Sostiene en sus fundamentos que la iniciativa “corre al Estado Nacional de la función de control sobre las empresas” del sector y hace recaer nuevamente dicha función sobre la provincia, con la “consecuente desproporción de poder entre el controlante y el controlado”. Explica que ello se debe a que el DNU deroga artículos reglamentarios referidos a la realización de auditorías, fiscalizaciones y sanciones, o la imposibilidad de las refinadoras de dejar de abastecer a su cadena comercial ante posibles paradas técnicas.

 

De igual modo, resalta que la iniciativa permite que se dejen de fiscalizar conductas distorsivas sobre precios, calidad y disponibilidad que eran potestad de la comisión mencionada; y se quita la posibilidad de impulsar multas, apercibimientos o la caducidad de permisos a empresas del sector.

 

El proyecto N° 9363 ingresó por mesa de entradas el 21 de enero con la firma del diputado Guillermo Carnaghi -FPV-.

 

 

 

 

 

Iniciativas contra la criminalización de la protesta social

 

El diputado Raúl Godoy -PTS-FIT-, presentó un proyecto de ley para garantizar la participación popular en la vía pública, el derecho a organizarse y la necesidad de evitar la persecución mediante causa penal a las personas que luchan por sus reivindicaciones sociales. Para ello, fija que deben extinguir todas las penas, acciones y procesos penales que se lleven adelante contra personas imputas, procesadas o condenadas por su participación en hechos relacionados con reivindicaciones sociales, económicas, políticas, sindicales, laborales, ambientales, de pueblos originarios o vinculados a reclamos o demandas de usuarios, entre otras situaciones de movilización y reclamo social.

 

El proyecto establece que se debe conformar una comisión integrada por organismos de DDHH, sindicatos, organizaciones sociales, referentes estudiantiles, desocupados y de agrupaciones de mujeres. La misma tendrá por función elaborar un informe de las causas penales y civiles existentes que se encuadren dentro de lo dispuesto por la presente normativa. Una vez culminado, el mismo será remitido a los magistrados de toda la provincia para que ordenen de oficio, y sin sustanciación, la extinción de la acción penal o de la pena. De esta forma se dictarán sobreseimientos definitivos a los imputados, ceses de condenas, libertad inmediata y extinción de antecedentes penales.

 

De igual modo, el legislador también elevó una iniciativa de declaración para que la Cámara se pronuncie en contra del Decreto de Emergencia en Seguridad Pública -228/16, rubricado por el Ejecutivo Nacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

 

Destaca en sus fundamentos que el Decreto incluye la autorización para el derribo de aviones que incursiones en el espacio aéreo sin permiso, instancia que puede implicar “la pena de muerte por decreto y sin juicio previo”. Considera además que el decreto es un avance en la ampliación de aparato represivo al permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en problemas de seguridad interior. En ese sentido, advierte que tanto la ley de derribo como la incorporación de las FF.AA. a la lucha contra el narcotráfico es un retroceso con respecto a leyes que prohíben a militares actuar como fuerza policial dentro del territorio nacional. Añade también que con el “pretexto” de la lucha contra el narcotráfico se pretende aumentar el poder de fuego del Estado para disciplinar a las masas.

 

Se trata de los proyectos N° 9367 y 9368 que ingresaron por mesa de entradas el 28 de enero con la firma del diputado Raúl Godoy -PTS-FIT- y el acompañamiento de Patricia Jure -FIT-.