Lo hizo el miércoles, mediante una nota enviada al Subsecretario de Tránsito y Transporte Municipal.

21 Oct 2016
    

El miércoles, ante varias presentaciones de vecinos, la Defensoría del Pueblo y el Medio Ambiente local envió una nota al Subsecretario de Tránsito y Transporte municipal, Ricardo Pellico, con el objetivo de que se informe los aspectos relacionados al nuevo sistema de emisión de la licencia nacional de conducir.

 

La Defensoría hizo especial referencia a las consultas médicas que deberán realizarse dentro de los trámites obligatorios de la Licencia y a la posibilidad de que no solo los certificados sean emitidos por profesionales arancelados, sino también dentro de los beneficios de quienes abonan una obra social.

 

La nota completa expresa lo siguiente:

 

“Me es grato dirigirme a usted para solicitarle informe a eta Defensoría, a propósito de la reciente y celebrada inauguración del Centro de Emisión de Licencias Nacionales en San Martín de los Andes, el carácter del vínculo municipal de los profesionales locales designados o concursados para realizar los exámenes médicos exigibles para la habilitación y o renovación de los carné de conducir.

Motivan la presente las acciones promovidas por vecinos y vecinas ante esta Defensoría, quejosos de que se les inhiba de utilizar sus obras sociales para cumplir con el pago o arancel de tales exámenes médicos, cuya naturaleza, desde luego, no se cuestiona aquí sino únicamente en ese aspecto a instancias de las aludidas presentaciones.

En consecuencia, se pretende determinar si el cobro de las intervenciones médicas en este caso está reglado por convenio y, de ser así, si tal instrumento excluye de modo explícito el pago por obra social y en que normativa se funda para sostener tal criterio.

Por el contrario, de tratarse de una exigencia de las propias obras sociales al profesional, que como tal exceden los alcances del convenio firmado con el municipio y las competencias de su subsecretaría, se le solicita que así lo haga saber e indique si se previó la eventualidad de que el sistema de salud pública pudiera también certificar tales exámenes exigibles.

Sin perjuicio de lo antecedido, es mi intención imponerle también de otras quejas promovidas ante esta Defensoría por vecinos y vecinas que, habiendo iniciado el trámite con el sistema anterior y habiendo reunido ya la documentación exigible en tiempo y forma, al momento de la presentación se les desestima la gestión hasta allí en curso, por imperio de la entrada en vigencia de la nueva modalidad.

La denuncia obliga a esta Defensoría a solicitarle informe si no se previó alguna operatoria de transición, atento a que bien puede entenderse que es el propio estado municipal el que acepta el inicio del trámite cuando otorga al presentante la documentación que debe reunir y ésta la completa en los plazos exigibles”.