La semana pasada en nuestra ciudad tuvo lugar una reunión para “conversar entre los diferentes actores de la comunidad sobre la problemática del proyecto inmobiliario en el Centro de Esquí”, Cerro Chapelco.
De la misma participaron los concejales Evaristo González y Daniel Vincent (NCN), Liliana Ramos y Sebastián d Amorín (Pro), Martín Rodríguez y Rodolfo Manson (FpV), junto con la ex edil Ana Ambroggi (UNE), junto a un grupo de comerciantes y representantes de las Comunidades Mapuches.
El objetivo del encuentro fue analizar la denuncia radicada semanas atrás por Diputados del bloque del Frente y la Participación Neuquina (FPN)-Unión de los Neuquinos (Une) y el parlamentario por el Mercosur, Ramón Rioseco, que anunciaron que iniciarían acciones legales contra la provincia, apuntando contra el ex gobernador Jorge Sapag, por concesionar de manera irregular la administración del cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Por un lado, alegan que existe una ley de 2002 que transfiere esa potestad a la comuna andina y que existe un negocio inmobiliario que perjudicará la economía local. Además, afirmaron que de la concesión, el ejecutivo provincial cedió 90 hectáreas al concesionario para “la creación de una aldea de montaña de 500 a 2.500 y sostuvieron que esta situación trae dos perjuicios para nuesta localidad.
“La preocupación pasa por no saber de qué se trata. El miedo de los comerciantes locales radica en el perjuicio que podría generar una eventual villa en la montaña que monopolice todos los servicios turísticos que se ofrecen en la localidad”, comentó el Concejal d Amorín: “Queremos que los papeles que están bajo llave se empiecen a mostrar”.
Por su parte, Martín Rodríguez, del FPV, destacó: “Queremos reivindicar el derecho de San Martín a ser parte de las decisiones que atañen al cerro Chapelco, porque suponen al propio desarrollo del pueblo, y asimismo pretendemos que las cosas se hagan en el marco de las leyes de Protección de Bosques Nativos y de Derechos de Pueblos Originarios”.
Finalizada la reunión, los presentes elaboraron un documento, en donde, expresaron conjuntamente: “Demandamos el cumplimiento de las leyes” y “Reclamamos y reivindicamos el derecho de toda la comunidad de San Martín de los Andes, todos los actores económicos, sociales, originarios y de gobierno, de ser parte de las decisiones sobre el cerro y su desarrollo”.
Documento conjunto completo:
“Como sanmartinenses, invocando la Carta Orgánica, que en su artículo 8, inciso 23 declara la voluntad de la Municipalidad de San Martín de los Andes a “reconocer al Complejo Cerro Chapelco como un elemento singular y estratégico del patrimonio turístico municipal, reivindicando el dominio de los bienes inmuebles afectados a la concesión y el poder concedente”.
Entendiendo la vigencia de la ley 2388 donde se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Municipio local el dominio de las tierras de propiedad provincial afectadas a la concesión del complejo Cerro Chapelco. Como así también la transferencia a título gratuito del dominio de los bienes inmuebles y muebles afectados a dicha concesión y el contrato del poder concedente que emerge del mismo, como así también el dominio de todas las tierra fiscales continuas remanentes de la Tercera Reserva Fiscal.
Asimismo, que la gran mayoría de las áreas del complejos CC se encuentan en categorías de protección I (rojo) y II (amarillo) de bosque nativo, establecidas por la ley 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Así como también sumado al hecho que está debidamente reconocido por la provincia que las comunidades Mapuches Curruhuinca y Vera son propietarias de parte de las tierras afectadas por la concesión del Centro de Esquí del Cerro Chapelco.
Consideramos que el decreto 505/10 no solo ha modificado sustancialmente la concesión ya vigente, sino que además ha transferido tierras a privados y se ha autorizado a llevar adelante un importante desarrollo inmobiliario que producirá un gravísimo impacto a toda la comunidad de San Martín de los Andes, su ambiente, su desarrollo económico y sus tierras. Este decreto no solo vulnera la Ley 2388 sino otras leyes, como la Constitución Provincial, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, el Convenio de la OIT, entre otras normas.
Por todo esto,
Demandamos el cumplimiento de las leyes mencionadas.
Reclamamos y reivindicamos el derecho de toda la comunidad de San Martín de los Andes, todos los actores económicos, sociales, originarios y de gobierno, de ser parte de las decisiones sobre el cerro y su desarrollo”.