Dictan capacitación sobre el “Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”

El fiscal general José Gerez participó el sábado de la inauguración de la capacitación sobre el “Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”, con el objetivo de avanzar en la implementación en la provincia de Neuquén.

La actividad se desarrolló en el salón de usos múltiples del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Neuquén, y contó con la participación del presidente del máximo cuerpo provincial Alfredo Elosú Larumbe, y del subsecretario de Gobierno y Justicia Juan Pablo Prezzoli.

“Finalmente van a llegar estos dispositivos electrónicos a la provincia”, afirmó Gerez. “Estamos ante un programa que responde a una política del Estado. El Ejecutivo nacional lo diseñó y ha determinado a qué se le debe dar prioridad. El programa baja al Ejecutivo provincial, por eso hoy nos acompaña Juan Pablo Prezzoli, y de esta forma se le brinda al Poder Judicial una herramienta más para tener control de la ejecución de la pena”, explicó.

La capacitación estuvo a cargo de personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, organismo responsable del programa en todo el país. Participaron jueces penales de la provincia, integrantes del Ministerio Público Fiscal y miembros del ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, entre otros. Mediante videoconferencia, la exposición de la funcionaria nacional Mariel Viladrich, coordinadora de la Dirección Nacional de Readaptación Social de la Nación, se replicó en las principales ciudades del interior.

De acuerdo a la información oficial del ministerio nacional, entre los objetivos del programa figura el de “realizar el abordaje integral de las problemáticas que atraviesan las personas que cumplen arresto domiciliario con monitoreo electrónico, desde una perspectiva de Derechos Humanos y Género , atendiendo particularmente a las padecidas por grupos vulnerados (por grupos vulnerados se entenderá a aquellos sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o condición y por acción u omisión de los organismos de Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. Por ejemplo: personas privadas de su libertad, migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres, personas del colectivo LGTBI)”.

En la actualidad, según las estadísticas de la cartera de Nación, hay 299 personas incorporadas al programa, la mayor parte de Ciudad Autónoma de Buenos (101); Gran Buenos Aires (68); Santa Fe (42); Buenos Aires (40); y Mendoza (14).

Durante la inauguración de la actividad, Prezolli agradeció al fiscal general y al Tribunal Superior de Justicia “por haber generado el espacio institucional” para avanzar con el programa nacional.

Foto: Subsecretaría de Gobierno y Justicia de la provincia.