Javier Peñalba, Subsecretario del área de Discapacidad Municipal, dialogó con Radio Fun acerca de la quita de pensiones por invalidez laboral que el Gobierno Nacional suspendió recientemente a un gran número de personas y aseguró que se realizó “sin ningún aviso ni auditoría” y que los damnificados se anoticiaron “cuando fueron a cobrar”.
De acuerdo al funcionario, “la excusa es que cambiaron los requisitos”, indicando que la percepción de la pensión ya no será elegible para “una persona que tiene un vehículo, o una propiedad, o ciertos bienes o de posición económica”.
“Se le llama suspensión de la pensión, pero yo creo que es un eufemismo y que no vuelven, a menos que haya una gran movilización”, arrojó además: “Lo que se ignora es que son un derecho adquirido. La Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es de rango constitucional. Ahora imagino se entrará en un tema legal por medio de las asociaciones”.
Peñalba detalló que las pensiones por invalidez laboral son “compensaciones que hace el Estado", y que "lo que hay que tener en cuenta es que la familia que tiene alguna perona con discapacidad, está sometidas, además de todos los padeceres en cuanto a instituciones, y la consagración de sus derechos, a mayores gastos".
“Algunas personas con discapacidad pueden trabajar, otras no”, expresó además Peñalba, sin dejar de mencionar que, aunque quisieran, “el mercado laboral tampoco está abierto para todo el mundo”.
Por otro lado, respondió al presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, que días atrás indicó que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión”, ya que “puede trabajar si lo deseara”, y aseguró: “Una persona con síndrome de down puede tener diversos estados de salud. Citarlo como ejemplo me parece que es discriminatorio y devela una ignorancia supina”.
El Subsecretario detalló además que en San Martín de los Andes, desde el año 2010, el certificado de discapacidad se otorga luego de una evaluación que realiza una junta local, integrada por un médico, un psicólogo, un trabajador social y el mismo Peñalba, que evalúa las condiciones de salud de las personas solicitantes “y no hay ninguna duda si se otorga o no el derecho de acreditar”.
“Los certificados se hacen en un sistema nacional, tienen supervisión, códigos de barras, se hacen en papel moneda”, añadió, descartando la posibilidad de que, en la actualidad, pueda haber falsificaciones de los mismos. También “se pide documentación de actualización, no es que nunca se supervisaron las pensiones”, completó.
Desmintiendo una habilitación excesiva de pensiones en gestiones pasadas, Peñalba indicó que “si hay alguna que no corresponde, es un número mínimo y no amerita ningún debate”, asegurando que “es una excusa que no tiene demasiada validez” y que, en realidad, “lo que había crecido no es el número de las personas con discapacidad, sino sus derechos”.
Para finalizar, el Subsecretario informó que “el año pasado emitimos alrededor de 500 certificados” en nuestra ciudad, totalizando 2500, lo que evidencia que entre el 10 y el 12 por ciento de la población local tiene algún tipo de discapacidad.
Cabe recordar que el Área de Discapacidad municipal se encuentra abierta todo el año y a disposición para evacuar dudas y evaluar a quien lo requiera. Quien requiera entrar en contacto con la misma, podrá hacerlo al 412060.