Vertedero: “¿Cabe decir que la Defensoría se apresuró, o que el Ejecutivo Municipal estuvo lento de reflejos?”

En una entrevista realizada a Radio Fun días atrás, la Intendente Brunilda Rebolledo manifestó que la Defensoría del Pueblo “se apresuró” en llevar el reclamo de los vecinos lindantes al vertedero a la Justicia, dado que las gestiones detrás de la solicitud de cambio del destino de los residuos sólidos urbanos conlleva un gran trabajo, de difícil compleción.

Los dichos llegaron luego de que la Justicia apoyara el mencionado amparo presentado por la Defensoría, siendo ahora inminente el traslado del vertedero una vez colmatada la celda 5, otorgando además un plazo al Municipio (que ya corre hace casi dos meses) de 180 días para informar un nuevo sitio al cual se destinará el relleno sanitario de la ciudad.

El titular de la Defensoría, Fernando Bravo, no quiso entrar en polémicas con la mandataria, “por una cuestión de respeto a la investidura de Rebolledo y a la institucionalidad de la Defensoría”, aunque cuestionó: “¿Cabe decir que la Defensoría se apresuró o que el Ejecutivo Municipal estuvo lento de reflejos?”

Bravo detalló que “antes de acudir a la Justicia hicimos un estudio de la situación y un informe de trabajo que se concretó varios meses antes de la presentación ante la Justicia”, instancia a la que no creían sería necesario llegar.

En el mismo estudio, según evidenció el Defensor, “se planteaba la posibilidad de una celda corta, de un mínimo de un año, un máximo de 2”, sumándose esto a “la obligación que impone la ley provincial de presupuestos mínimos del manejo de residuos sólidos urbanos, más la adhesión a la ley nacional, que impone plazos para que no haya más lugares de disposición final en urbanizaciones, que vence en 2019...”

“Hicimos estudios, propusimos al Ejecutivo y al Deliberante un documento que sugería además de una auditoría externa, una etapa de remediación del actual vertedero, con cambios de procedimientos y el acuerdo político. En vez de los 4 y 6 años que suelen funcionar las celdas, tiempo que surge de la lectura de contratos anteriores, proponíamos una corta, que significaba que en 2019 el relleno sanitario actual tenía que estar en otro lugar, pero le daba al Municipio un tiempo mínimo de dos años y luego la remediación absoluta”, completó.

Si bien Bravo indicó que “la propuesta cayó muy bien en algunas personas del Ejecutivo, ya que era en clara defensa de los derechos de vecinos, imponía relocalización y daba margen bastante razonable para tomar decisiones y estudios para buscar lugar”,  aseguró que “oficialmente no hubo pronunciamiento alguno”.

Por el contrario, el accionar del Municipio fue “avanzar con la renegociación de un nuevo contrato, el de la Celda 6, sin ninguna especificación de celda corta ni nada”. Frente a eso, la Defensoría, expresó Bravo, “viendo que se vulneraría la mencionada ley provincial y nacional, sumiendo en incertidumbre a los vecinos que tienen derecho de que en 2019 le saquen el relleno de al lado de donde están, no hubo otra alternativa que una presentación judicial”.

Bravo expresó que Rebolledo “sabrá por qué dice lo que dice”, (en relación a su comentario solicitando que se le demostraran los daños que ocasiona vivir cerca de un vertedero, ya que no pudo comprobarlos en sus dos décadas de trabajo en Zona Sanitaria IV) aunque invitó a reflexionar sobre el sentido de la prevención: “Si toda la literatura, estudios, información internacional, indican que el funcionamiento de un relleno sanitario en proximidades demasiado cercanas, hablamos de 300 metros en este caso, ahora incluso se construirá un jardín en misma periferia, tiene determinados riesgos para la salud y la calidad de vida de la personas, no necesito la vacuna ni la comprobación, tengo que actuar preventivamente para evitar el daño, que es lo que dice nuestro nuevo Código Civil, que impone el deber, a todos, de evitar el daño; no hay mucha discusión en esto”.

El Defensor indicó que desde la Institución se está “cumpliendo con el trabajo” que es “la defensa de los derechos de los vecinos” y añadió: “Yo no pongo en cuestionamiento si el relleno es bueno o es malo, si se lo manejó bien o mal, tengo un informe de Salud sobre el vertedero que me dice a mí que tengo potencialidad de riesgo para la salud, ¿qué más voy a esperar? ¿Qué es lo que tengo que cuidar yo? La salud de las personas en términos colectivos. No tengo que probar la afectación concreta. Es suficiente con que la sospecha de afectación de salud y medio ambiente sea razonable, con inminencias claras y concretas de cirujeo, de bolsas permanentemente en el aire, de quema, presencia de roedores y alimañas… Si eso parece razonable, es suficiente para hacer una presentación judicial”.

Para Bravo, “la Intendente asume esta posición de si no lo veo no lo creo, pero yo no veo el calor ni el frío, lo que veo es la dilatación del mercurio en el termómetro”, comentó.

Para finalizar, expresó que la “ordenanza cautelar de distancia mínima de urbanizaciones con el vertedero es absurda, solo de 200 metros”, y concluyó: “Alguna vez hay que tomar decisiones. Le toca a este poder Ejecutivo y a esta Defensoría. Habría que echarle culpas a los anteriores gobiernos por no haber tomado las previsiones del caso, pero alguien tiene que empezar a ponerle el cascabel al gato, porque en medio está el impacto ambiental y la salud y la calidad de vida de los vecinos”.