Recursos y acusaciones cruzadas entre funcionarios judiciales generaron un pantano burocrático en una de las causas más trascendentes de los últimos tiempos en la provincia. Neuquén.

10 May 2012
    

El asesinato del sargento ayudante José Aigo en Junín de los Andes, ocurrido el 7 de marzo pasado, ya tiene todos los condimentos necesarios para generar una historia de folletín.

Un efectivo en cumplimiento del deber asesinado a traición por dos chilenos vinculados a redes terroristas internacionales, el hijo del intendente de San Martín de los Andes, una de las ciudades de mayor peso político de la provincia, una fuga por terrenos áridos y una espectacular búsqueda con cuerpos de elite, conforman de por si un caso apasionante.

Se le debe sumar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia emitió una acordada en la que llamó la atención de los magistrados y funcionarios de la circunscripción de Junín de los Andes que deben priorizar las obligaciones constitucionales y legales antes que las licencias por capacitación.

Pero faltaba algo y llegó de la mano de los responsables de esclarecer los hechos e  impartir justicia.

Permanentes recursos administrativos presentados por las partes en pugna, un juzgado penal vacante subrogado por un civilista, apetencia fiscal revelada en un protagonismo interesado, la intromisión de la Cámara de Apelaciones, un reto del Tribunal superior de justicia por abuso de licencias judiciales y finalmente una querella que trabaja de manera descoordinada, y hasta en sentido contrario, a la fiscalía.

El caso de asesinato del efectivo policial llegó a manos del juez Joaquín Cosentino que decidió tener a Juan Marcos Fernández, chofer de los asesinos, como testigo del crimen y luego de tomarle declaración testimonial a él y a su esposa Analía Godoy, que quedó detenida por falso testimonio, trasladó al Juez Andrés Luchino un pedido para que los indagara por los delitos de falso testimonio y encubrimiento.

Luchino optó por indagarlos únicamente por falso testimonio y determinó la libertad de la pareja. Esta medida fue apelada en ese entonces por el histriónico fiscal Manuel González que insistió con la figura de encubrimiento y apeló la medida.

La Cámara de Apelaciones tomó intervención y, si bien aún no se conoció el fallo, ordenó al Juez Luchino que indague a Fernández algo que ocurriría en los próximos días.

Paralelamente, la querella representada por el abogado Gustavo Lucero busca que el hijo del intendente se imputado como partícipe necesario del crimen.

El problema surge, en una primera instancia, en que las figuras de encubrimiento y de partícipe son excluyentes entre si. “Algo que no implica que luego pueda cambiar”, según consignó a este diario el camarista y presidente de la Asociación de Magistrados, Richard Trincheri.

Sin embargo queda en claro que el fiscal y la querella transitan caminos opuestos. Cada uno con diferentes motivaciones apuntan al Juez Cosentino, a quien recusaron por considerarlo imparcial.

El jueves pasado Cosentino rechazó la recusación que ahora debe ser ratificada por la Cámara. Trincheri dijo que aún no llegó la notificación y que una vez que sea recibida las partes harán su descargo y los camaristas Rimaro, Varessio y Trincheri revolverán sobre la continuidad de Cosentino.

Mientras tanto el juez que subroga el apetecible juzgado penal vacante luego del ascenso de Federico Sommer a Juez de Cámara, Joaquín Cosentino, no tomará nuevas medidas hasta tanto no se expida el tribunal de alzada sobre su situación. Se trata de una medida no exenta de lógica y que se fundamentada en que el magistrado no quiere cambiar el curso de la causa en caso de ser desplazado por la Cámara.

Fuente: La Mañana Neuquén