La fiscalía del Estado de Neuquén reclamó que la justicia rechace la medida cautelar presentada por un grupo de vecinos para frenar la obra de
asfalto en la Ruta 63 , en el ingreso a Villa Meliquina. Argumentó que la presentación fue realizada en una actitud «egoísta» porque relevó que gran parte de los demandantes no son residentes permanentes y, en cambio, tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias del país.
El representante del organismo, Gustavo Kohon , presentó el escrito luego de que el Juzgado Procesal Administrativo del Interior con asiento en Zapala le corriera vista el 7 de marzo como paso previo antes de resolver la cautelar.
El abogado del Estado cuestionó la idoneidad del grupo de vecinos para interponer un reclamo de tipo ambiental y su representatividad. «Los actores se atribuyen la representación del colectivo ‘población de la localidad Lago Villa Meliquina’ en materia de daño ambiental sin acreditar pertenecer a organización o asociación alguna. Tampoco acreditan capacidad técnica o antecedentes en la materia» , planteó.
«El ser pobladores de la localidad no los faculta a arrogarse la representatividad de la totalidad de la población, actuar en juicio en su nombre con la posibilidad de obtener una decisión jurisdiccional que afecte al conjunto», advirtió.La fiscalía de Estado fue más allá y puso en duda también la calidad de «residentes» de los peticionantes.
Villa Meliquina se encuentra a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes, municipio del cual depende, y tiene una población de unas 500 personas aproximadamente. «Gran parte de los actores que pretenden la paralización de la obra, ni siquiera son habitantes permanentes de la villa», señaló la presentación del gobierno.
La obra contempla la pavimentación de un tramo dentro del Parque Nacional Lanín, entre el empalme de la Ruta Nacional 40 y el kilómetro 20 de la Ruta 63, con una extensión de 19 kilómetros . Se financia con fondos de la provincia y permitirá dejar el acceso al pueblo asfaltado y terminar de conectar esa zona a la Ruta de los Siete Lagos.
El escrito enumeró 54 casos de personas que firman la denuncia y tienen domicilios reales y/o fiscales en la Ciudad de Buenos Aires , localidades de la provincia de Buenos Aires como Quilmes, Hurl(») que no se contaba con evidencia de un estudio de impacto ambiental sobre la obra, una «posible afectación a la fauna silvestre ya la biodiversidad» y «ausencia de estudios de impacto sobre la trashumancia».
En declaraciones a los medios, había advertido por el «crecimiento acelerado» de Meliquina «para un lado que no nos está gustando».
La fiscalía de Estado contestó con el informe que data de 2013 y tiene aprobación de Parques Nacionales y advirtió que el pliego de licitación pone como obligación para el contratista «elaborar a su costo un plan de manejo ambiental y social específico para la etapa de construcción».
«Los actores, en una actitud sumamente egoísta, buscan mantener la intangibilidad de su residencia vacacional , mientras privan a los residentes permanentes de la villa de disfrutar de los beneficios de una mejora en la conectividad, con las consecuencias favorables conexas a ésta, especialmente en períodos invernales donde la transitabilidad de la ruta se vuelve peligrosa producto de las inclemencias climáticas», se planteó.
También hay otro grupo de vecinos que, por el contrario, le están pidiendo al gobernador Rolando Figueroa que avance con la obra y se presente para que el juzgado los tome como parte en la demanda.