Un costoso “plan de seguridad” para elaborar un diagnóstico que ya existe

Desde los primeros días de gestión del intendente Juan Carlos Fernández, a cargo del municipio de San Martín de los Andes, se ha escuchado hablar desde las distintas áreas del ejecutivo local de “austeridad” en los gastos de la administración pública. “Estamos rascando la olla”, se ha transformado prácticamente en la frase de cabecera del Jefe Comunal.

En este contexto, llama la atención entonces que desde la misma oficina desde donde se anuncia todo esto, se haya firmado el pasado jueves un convenio de “Asistencia Técnica” para la realización del “Plan de Seguridad de San Martín de los Andes”; por el que el municipio se compromete a pagar un total aproximado de 172 mil pesos solo en concepto de haberes al reconocido ex funcionario de la Justicia neuquina, el Dr. Ricardo Mendaña.

La discusión, en los últimos días, se ha centrado principalmente en si era necesaria o no, la contratación del experto en criminología que vive en la ciudad de Neuquén y al que se le abonarán 11 mil 500 pesos por mes. Y al que habrá que pagarle, además, aproximadamente 500 pesos por cada viaje que realice a San Martín de los Andes, en concepto de transporte (1000 pesos ida y vuelta); y otros 600 pesos “por día” en concepto de viáticos de estadía y comida. Es que más de un funcionario se ha preguntado si este asesoramiento no lo podrían haber brindado funcionarios del área de seguridad provincial o de las fuerzas de seguridad, o incluso, referentes locales partícipes activos de las reuniones del Consejo Local de Seguridad.

La nueva tasa contributiva para seguridad

En el mes de mayo de este año, el intendente Juan Carlos Fernández, anunció la creación de una nueva tasa contributiva. En este caso, se trató de la creación de la Tasa por seguridad, que serviría para financiar “un plan estratégico que requiere de recursos para su implementación”. Semanas más tarde, la iniciativa era aprobada por el Concejo Deliberante.

“La sociedad más segura es aquella donde hay empleo, educación, salud y vivienda para todos. Sobre esa base nosotros queremos construir un plan de seguridad y proveer recursos para su funcionamiento”, sostuvo en su momento sobre este tema el jefe comunal.

En relación al propósito de generar una contribución para tal fin, Fernández explicó que “recibimos permanentes reclamos y no sirve decir que la seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia y de las fuerzas nacionales. La realidad nos muestra que los gobiernos locales cada vez deben ocuparse más de la política de seguridad en su territorio”.

El jefe comunal remarcó que “el Consejo de Prevención debe generar la política en materia de seguridad, que se instrumentará mediante un plan estratégico que requiere de recursos para su implementación”, aseveró en declaraciones al diario La Mañana de Neuquén.

Más allá del origen y la distribución de los fondos de un municipio, que en la teoría está ante una situación de “austeridad” absoluta, en la práctica se demuestra en ocasiones una “capacidad” de generar gastos que aparecerían como innecesarios. Lo que se pone en tela de juicio, en todo caso, desde distintos sectores es si era necesario o no que se le pague a alguien “foráneo”, por más estudios que tenga sobre la cuestión de la inseguridad, para que brinde de una manera cuasi mágica, las soluciones pertinentes.

El propio ministro Gabriel Gastaminza, a cargo del área de Seguridad provincial, dejó entrever en su última visita a la ciudad, que la contratación de alguien externo para esta cuestión sería en vano. “La policía de la provincia y las autoridades de cada una de las dependencias de la ciudad, cuentan con la información necesaria como para poder abordar la problemática de manera eficiente”, aseguró el funcionario. Lo hizo en el marco de presentar en la ciudad, el Plan de Seguridad Integral para toda la provincia.

Si a las declaraciones de Gastaminza, se le agrega que existen en ésta ciudad referentes del área judicial con acabados conocimientos en materia de seguridad y criminalística, que estarían dispuestos a colaborar sin costo alguno en la elaboración del plan, el análisis se hace aún más intrincado. Incluso si éstos, como sucede, participan activamente en las distintas reuniones del Consejo Local de Prevención del Delito, la conclusión es más que evidente. Se están malgastando los fondos públicos.

172.500 pesos en 15 meses

Los objetivos del “boceto” plan de seguridad presentado por el doctor Mendaña, son el articular un proceso participativo con los actores locales para obtener un diagnóstico de la problemática local en materia de seguridad; consensuar un conjunto de estrategias y acciones a prevenir y controlar los factores que contribuyen a la inseguridad; apuntar a la continuidad y sostenibilidad mediante un plan y evaluar el impacto de las acciones.

Para esto, sugiere cinco etapas:

La inicial, que se estaría realizando por estos días, con la conformación del grupo de trabajo, para lo que estimó entre 15 y 30 días.

Y luego etapas de entre 3 y 4 meses, que tendrán como objetivos, entre la primera a la cuarta, desde la “definición de los objetivos” y el “procesamiento y análisis de información”; hasta las “propuestas de acción” y la “asistencia técnica” para la implementación de las acciones.

Por todo esto, el municipio se compromete a pagar una suma mensual de $ 11.500 pesos por mes al abogado, durante unos 15 meses, lo que en la sumatoria serían unos $172.500 pesos.

Luego de haber gastado esta suma de dinero, San Martín de los Andes, tendrá recién su primer diagnóstico de lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en los distintos barrios. Pero…si además, esa información ya existe, no se estará malgastando innecesariamente el ya alicaído presupuesto municipal?

Fuente: El Ciudadano