Comenzaron los exámenes toxicológicos obligatorios y sorpresivos a funcionarios provinciales

La Provincia del Neuquén dio un paso definitivo en la implementación de sus políticas de integridad institucional al iniciar formalmente los exámenes toxicológicos obligatorios y de carácter sorpresivo dirigidos a los funcionarios públicos de mayor jerarquía. La medida se efectivizó tras la publicación del Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que aprueba el Anexo I con la reglamentación detallada de la Ley 3531, impulsada por el propio mandatario.

Con esta normativa, la Provincia se convirtió en una de las pioneras a nivel nacional en regular y ejecutar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ocupan los cargos más altos de los tres poderes del Estado.

Cómo funciona el mecanismo

El sistema se inauguró operativamente dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, donde se coordinaron los primeros sorteos aleatorios para determinar qué funcionarios debían presentarse a los laboratorios autorizados. Bajo la premisa de la confidencialidad y la inmediatez, las personas seleccionadas reciben una notificación formal y disponen de un plazo perentorio de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando así que los operativos cumplan con el factor sorpresa estipulado por la ley. Los primeros controles ya se realizaron.

Cabe recordar que durante 2025 el propio gobernador y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron a análisis toxicológicos de manera voluntaria para impulsar la iniciativa. Ahora, el nuevo marco normativo establece un carácter de obligatoriedad ineludible: los exámenes médicos constituyen un requisito indispensable para la permanencia en los cargos, alcanzando de manera homogénea a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos.

Qué sustancias se detectan

El protocolo de screening rápido se realiza mediante muestras de orina y busca identificar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína, derivados cannábicos (marihuana), opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, así como benzodiacepinas y barbitúricos sin la debida prescripción médica previa.

El proceso es administrado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), organismo encargado de organizar trimestralmente los sorteos automáticos que seleccionan al 12,5% del universo total de funcionarios obligados por período. Este diseño garantiza que, a lo largo del año calendario, la totalidad del plantel jerárquico del Estado comprendido por la Ley 3531 sea evaluado bajo estrictas condiciones de azar y transparencia.

Garantías, sanciones y financiamiento

El Anexo I del Decreto 234/2026 establece que, ante un resultado preliminar positivo, el funcionario tiene la facultad de realizar un test confirmatorio utilizando una segunda muestra de resguardo debidamente lacrada. Quienes se encuentren bajo tratamientos farmacológicos específicos deben adjuntar la prescripción y la historia clínica correspondiente dentro de las 48 horas posteriores al examen.

La normativa es estricta respecto al cumplimiento: la negativa injustificada o la no presentación dentro de las 24 horas estipuladas se considera automáticamente un resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción pertinentes. Además, el costo de los análisis clínicos no es absorbido por el erario público: el monto se debita directamente de los haberes mensuales del funcionario evaluado.

Para supervisar la transparencia del sistema, resolver controversias técnicas y dictaminar ante eventuales resultados positivos confirmados, la reglamentación dispuso la creación de la Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por un representante de la salud laboral o pericial médica de cada una de las tres funciones estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Qué implica para la región de Los Lagos

Aunque el operativo arrancó dentro de la estructura del Poder Ejecutivo provincial, la Ley 3531 alcanza a la totalidad de los cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado, lo que incluye a diputados provinciales y directores de organismos autárquicos con incidencia directa en San Martín de los Andes y la región de Los Lagos —entre ellos, representantes legislativos de la zona y autoridades de reparticiones descentralizadas con actividad local—. A medida que avancen los sorteos trimestrales del IJAN, también podrán quedar comprendidos funcionarios vinculados a la gestión provincial en territorio cordillerano.