Ahora parece que se puede

Carlos Otaño coordinador de la Jucaid de la provincia del Neuquén confirmó el pasado martes la llegada de una junta evaluadora de personas con discapacidad para la semana que viene habida cuenta de que la junta local había suspendido la atención por problemas económicos. 

Si bien Otaño reconoció una deuda que provincia mantiene el municipio, se mostró con serias intenciones de no dejar desamparadas a las personas que necesitan de su carnet de discapacidad, por lo que aseguró que la junta evaluadora itinerante estaría llegando a San Martín de los Andes a fines de la semana entrante. 

Esto parece haber despertado el interés de la junta local, que desde un comunicado oficial ayer indicó, enhorabuena, que esta misma semana re comenzaban la atención, luego de suspenderla el 30 de agosto pasado, derivando a los más necesitados a la ciudad de Neuquén, sin la seguridad de que pudieran ser atendidos y con los gastos a cargo del paciente. 

Es por ello que “la Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la Jefatura de Área, y los integrantes de la Junta Evaluadora de Personas informa a toda la comunidad que comenzará a realizar evaluaciones para la entrega del Certificado Único de Discapacidad, los días miércoles 3; jueves 4 y miércoles 10 de Octubre de 8:30 a 12:30 hs.” 

Además anuncian un régimen de atención hasta tanto puedan ir “normalizando la situación en forma paulatina” por lo que evaluarán “en principio (…) personas cuyo certificado haya vencido, luego los que lo requieran con urgencia para realizar tratamientos de alta complejidad, y aquellos que deben presentarlo ante la Anses, con el fin de acceder a la asignación familiar por hijo con discapacidad, visitas a domicilio a aquellas personas que no pueden movilizarse. A cada interesado se le informará su turno en forma telefónica” explica el comunicado. 

Por otra parte aprovecharon desde el municipio para cargar contra el gobierno provincial aduciendo que “no queremos reproducir el maltrato del que somos objeto por parte de quienes no cumplen con sus obligaciones convenidas”, entendiéndose que no haber atendido durante más de 30 días es una espera “soportable” para cualquier persona con discapacidad. 

Es de remarcar que el funcionario provincial Carlos Otaño indicó que trabajan en una solución definitiva, para que no se repitan estas situaciones, que será la de pasar las juntas evaluadoras de la provincia al ámbito de la salud pública, como en el 80% de las provincias argentinas, por lo que, en un futuro, las personas serán evaluadas en el hospital, concluyó el funcionario.