Esta mañana, alrededor de las 8.50, comenzó un procedimiento de “registro de dependencia pública”, que contempló el secuestro de documentación que aportaría datos a la investigación que se lleva adelante por el asesinato del policía de Junín, José Eduardo Aigo. Fue en el marco de la declaración que realizó hace algunos días una “testigo importante” para la querella, que habría involucrado a personal de la Anses de Junín y San Martín.
El operativo, con procedimiento similar a un allanamiento, tuvo una duración de casi tres horas y participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Martín de los Andes, además del fiscal Manuel González. También se lo pudo ver en el lugar, pero solo en el comienzo del procedimiento, al Dr. Saúl Castañeda, abogado de los Aigo, quien dijo que “fui notificado momentos antes del registro”.
Una vez finalizado el operativo, el fiscal González confirmó que “en el marco de unas medidas que pidió la fiscalía", fue que se realizó el registro y agregó que "hay documentación que se secuestró, que hay que leerla detenidamente".
Por su parte, Saul Castañeda, explicó que se presentó “esta mañana, para ver que se iniciara la diligencia (…) el objetivo principal es ver si efectivamente este señor, Salazar Oporto, realizó o no trámites en la Anses de Junín”.
“San Martín era un lugar donde se cargaban los datos”, explicó el abogado querellante sobre esta situación y agregó que la testigo “da bastantes precisiones de donde podría estar la información, es por eso que se lleva adelante este procedimiento”.
Castañeda lamentó que “hace siete meses” se viene pidiendo la declaración de “esta testigo” y que “ya ha habido una cierta trascendencia de lo que fuera a decir”. “Nosotros creemos que esto se debió haber hecho hace mucho tiempo”, remató Castañeda.
Finalmente, el fiscal González, confirmó el pedido de declaración a Guillermo Carnaghi, secretario de Gobierno de la ciudad y ex responsable de la Anses, pero agregó que “la medida fue rechazada por el juez de la causa”. De todas maneras, anticipó el fiscal que la medida “ya fue apelada” por la fiscalía.