Esta frase es repetida una y otra vez por los funcionarios jerárquicos de varias áreas del Municipalidad, ante los reclamos de los vecinos por la falta de los diferentes servicios públicos que se brindan.

17 Ene 2014
    

Durante las temporadas altas de verano e invierno San Martín de los Andes vive la bonanza de la gran afluencia de visitantes que llegan en miles a colmar cada los hospedajes, restaurantes, comercios en general.

Si bien esto es saludable e importante para la comunidad, la situación desborda al municipio y su capacidad de prestación de los servicios que debe brindar ante la alta demanda circunstancial del turismo como a la comunidad residente.

Es por ello que los reclamos de los vecinos ante la insatisfacción de los servicios que recibe, crece por estas épocas pero no cesa en las bajas. Reclamos por iluminación, mantenimiento de calles, cuidado de los espacios públicos, controles de tránsito, de bromatología, el regado del ripio…y sigue la lista.

Consultados los funcionarios responsables de muchas – por no decir todas – las áreas que brindan los servicios antes mencionados, excusan su imposibilidad de cumplir con la gran demanda con la falta de personal.

Así se puede aludir a los controles que la Dirección de Bromatología debe realizar durante las 24 horas en los más de 1400 comercios, que incluyen boliches nocturnos, expendedores clandestinos  de alcohol, carnes, pirotecnia, entre otros. Otro ejemplo claro y repetido es el de los operadores de calle que no alcanzan a cubrir la salida de los alumnos de las escuelas o controlar el intenso tráfico de temporada; en este sentido la comuna cuenta con sólo una cuadrilla de asfalto, una de profesionales arquitectos, una para espacios públicos para las plazas y banquinas…y también sigue la lista.

Lo llamativo es que el Intendente Juan Carlos Fernández se queja de haber recibido un municipio con exceso de personal y se jacta de haberla reducido en alrededor de 60 personas. Esto, si bien, pueda redundar en un ahorro importante de erogación de haberes en un municipio ahogado económica y financieramente; por lo visto y oído de su propio personal directivo afecta la prestación de los servicios básicos que debe prestar, para brindar seguridad, salubridad, paz y buena convivencia.