Imputaron a Cristina por presunto encubrimiento en la causa AMIA

La presidenta Cristina Kirchner quedó hoy formalmente imputada por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado a la AMIA, a raíz de la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dio curso a la denuncia de Nisman y pidió investigar a la presidenta Kirchner y al canciller, Héctor Timerman, entre otros dirigentes, requiriendo además que se tomen varias medidas de prueba "con miras a comprobar la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado".

Mediante un escrito presentado ante el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 también imputó al líder de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque; al dirigente kirchnerista Luis D´Elía; al líder de Quebracho, Fernando Esteche; al exjuez Héctor Yrimia; al supuesto espía Héctor "Allan" Bogado y a Jorge Khalil, a quien Nisman había señalado como máximo representante de los iraníes en Buenos Aires.

El pedido de Pollicita no incluye citaciones a indagatoria, como lo había sugerido Nisman en su denuncia, pero sí una batería de medidas que se mantienen en reserva y que ahora evaluará el juez Rafecas, quien suspendió su licencia y reasumirá en las próximas horas su Juzgado, el que por ahora subroga su par Sebastián Ramos.

El fiscal pidió que se imponga el secreto de sumario en la causa y se ordene la desgrabación de unas 5 mil horas de escuchas telefónicas con las cuales Nisman basó su denuncia sobre un presunto plan operado por Cristina Kirchner para encubrir a exfuncionarios iraníes y desviar la investigación por la voladura de la mutual judía en 1994.

Específicamente, Nisman había denunciado que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán fue un pacto para dejar sin efecto las circulares roja de Interpol con pedidos de captura para los iraníes sospechados, a cambio de intercambios comerciales, lo cual implicaba construir una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales" por el ataque.

"Parece claro, según el relato efectuado por Nisman, que el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando, no ha sido motorizado por Irán, sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada", sostuvo Pollicita.

El fiscal, quien intervino en varias causas por presuntos hechos de corrupción en el Gobierno (entre ellos una causa por asociación ilícita contra los Kirchner), dio crédito entonces a la acusación de Nisman respecto a que la desvinculación de los iraníes podría traer como contraprestación una mejor ubicación geopolítica de la Argentina en Medio Oriente y el interés por el petróleo de ese país.

"Existe numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados", apuntó Pollicita.

En el extenso escrito, el fiscal evaluó que "resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol y de esa manera lograr que sus funcionarios acusados puedan circular libremente por el mundo".

"Han existido negociaciones y acuerdos previos entre las partes sobre el cese de las notificaciones rojas de Interpol, máxime teniendo en cuenta que –conforme arrojan los elementos reunidos- ese cometido constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó las pretensiones de la contraparte", añadió.

Pese al rechazo del Gobierno y de Interpol respecto a las supuestas gestiones para dejar sin efecto las circulares rojas, el fiscal aseguró que "el canciller habría realizado actos con los cuales busco inducir a la baja" de las mismas, y "consecuentemente, satisfacer las aspiraciones persas", pero remarcó que "ellos no tuvieron la recepción esperada" en el organismo internacional.

Según sostuvo el fiscal, el Memorándum significó una "omisión en materia de plazos" y también constituyó un "salvoconducto de impunidad", dado que permite alegar que hubo "un acuerdo de partes y así viabilizar políticamente el restablecimiento de relaciones plenas entre ambos estados, sin solucionar realmente el tema AMIA".

Nisman había presentado el 14 de enero la denuncia directamente ante el juez federal Ariel Lijo porque éste viene investigando desde hace años supuestas irregularidades y encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, aunque finalmente se declaró incompetente y, por sorteo, el expediente recayó en el Juzgado de Rafecas.

Lijo tiene una parte de la causa en trámite y otra, entre la cual el expresidente Carlos Menem está entre los acusados, ya fue elevada a juicio oral y público, el cual podría comenzar a mediados de año.

Son dos causas que se juzgarán en un único juicio: aquella por el pago de 400 mil dólares al supuesto reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucre a personas inocentes en la participación del atentado; y otra por el desvió de la hipótesis de la denominada pista siria.

Poco antes de que se conociera el pronunciamiento de Pollicita, la Procuración del Tesoro de la Nación había presentado un escrito en el Juzgado de Rafecas con pruebas para refutar la denuncia de Nisman: fueron 68 páginas, además de varios anexos, que tuvieron como fin "sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y los órganos que de él dependen, en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán", se informó.

Entre los anexos adjuntados se incluyó el "trámite de extradición de (el exembajador de Irán en la Argentina Hadi) Soleimanpour"; el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ante la ONU en 2013; comunicados de Interpol; notas de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Planificación Federal, de Economía, así como también de la Secretaría de Inteligencia.