Libertad condicional para Pedro Jofré, el tirador de ATE

La historia judicial de Pedro Jofré, el hombre que protagonizó uno de los episodios de violencia sindical más graves en la historia reciente de nuestra ciudad, sumó un capítulo decisivo. La jueza de ejecución, Raquel Gass, le otorgó la libertad condicional tras considerar que cumplió con los requisitos temporales y de conducta exigidos por la ley.

El caso se remonta al violento 29 de julio de 2022, cuando en el marco de una protesta del gremio ATE frente al edificio municipal, Jofré extrajo un arma de fuego y disparó contra los presentes. El ataque dejó como saldo heridas de gravedad a la trabajadora municipal Elena Cabeza y puso en riesgo la vida de reporteros gráficos, entre ellos Federico Soto, cuyo registro fotográfico del agresor apuntando con el arma dio la vuelta al país.

El camino hacia la libertad

Jofré había sido condenado a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado, portación de arma y encubrimiento. Tras comenzar su condena en 2023, inició un régimen progresivo que incluyó:

• Informes favorables: Conducta ejemplar sin sanciones en el penal.

• Formación: Finalización de estudios y participación en talleres.

• Salidas transitorias: Iniciadas a principios de 2025 con una duración de 12 horas cada dos meses.

Pese al firme rechazo de las víctimas, quienes aún padecen secuelas físicas y psicológicas, el cumplimiento del tiempo mínimo de la pena y las reducciones por estímulo educativo aceleraron los plazos legales para que la jueza Gass resolviera su incorporación al régimen de libertad condicional el pasado 13 de abril.

Restricciones estrictas

Si bien Jofré ya no se encuentra tras las rejas, la Justicia le impuso una restricción fundamental: tiene prohibido el ingreso a San Martín de los Andes. Asimismo, mantiene la prohibición absoluta de contacto con las víctimas por lo que reste de su condena.

El recuerdo de la fuga y el cambio de look La causa también recordó el raid de fuga que protagonizó Jofré tras los disparos. En aquel momento, el agresor logró evadir el cerco policial inicial y viajar hasta la capital neuquina. Para intentar despistar a los investigadores, se decoloró y tiñó el pelo, un cambio de imagen que fue evidente cuando se entregó finalmente en la Jefatura de Policía cerca de las 21 horas de aquel viernes, acompañado por su abogado Juan Manuel Coto.

El caso continúa generando debate sobre los límites de la protesta social y la celeridad de los beneficios carcelarios en delitos de extrema violencia que marcaron un antes y un después en la convivencia democrática de la región.