Cacerolazo contra la ley de reforma previsional

Ayer, cerca de las nueve de la noche, varias decenas de vecinos se autoconvocaron a la Plaza Sarmiento, en pleno centro de la localidad, y expresaron su disconformidad con el proyecto de reforma previsional que el lunes por la noche aprobó el Congreso.

En un encuentro espontáneo, sin banderas políticas, se hicieron escuchar utilizando cacharros y cacerolas, acompañados por bocinas de automóviles que circulaban por el lugar.

Claves del proyecto de reforma previsional que aprobó el Congreso

Fuente: Chequeado.com

$6.000 sería la pérdida que generaría el cambio de fórmula en todo 2018 en un jubilado que cobra 10 mil pesos mensuales, según estimaciones de los economistas Cetrángolo y Folgar.

72 mil millones sería lo que se ahorraría en 2018 el Estado por el cambio de la fórmula, según estimaciones del IARAF

4.2 mil millones es el costo que tendría el bono que anunciaría el Gobierno, según estimaciones de la consultora ACM.

49 % es lo que representa el gasto en  “Seguridad Social” que incluye los recursos para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones, sobre el total del gasto en el Presupuesto 2018.

¿Qué trató el Congreso?

El Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar la fórmula mediante la cual se aumentan las jubilaciones. Dicho cambio de fórmula se convirtió en ley luego de ser aprobado en la madrugada del martes en la Cámara de Diputados.

En la actualidad, las jubilaciones se modifican dos veces al año (en marzo y en septiembre) por la llamada “ley de movilidad jubilatoria”, aprobada en 2008, que toma variables como los recursos de la ANSES y los ingresos de los trabajadores formales para aumentar los haberes jubilatorios. La misma fórmula se utiliza para aumentar otras pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Antes de esta ley, el Gobierno nacional decidía discrecionalmente cuánto iban a aumentar las jubilaciones.

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó inicialmente en el Congreso un proyecto que proponía que la movilidad jubilatoria se basara, a partir del año que viene, en la inflación medida por el INDEC y que los aumentos se aplicarían trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Finalmente, el Senado aprobó un proyecto que determina que la movilidad se base en un 70% en las variaciones de la inflación medida por el INDEC y en un 30% por la variación salarial medida por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este fue el proyecto final aprobado también por la Cámara de Diputados.

Además, en el Senado se sumaron otros componentes a la reforma. El principal agregado es un artículo que garantiza a los jubilados con 30 años de aportes el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del valor del salario mínimo, vital y móvil. Actualmente, la jubilación mínima representa el 81,8% de este salario mínimo. En enero, cuando el salario mínimo aumente a $9.500, las jubilaciones mínimas de quienes realizaron 30 años de aportes pasarán a $7.790 (aumentarán $544).

¿Por qué el Gobierno quiso tratar esta reforma y cómo impacta en los jubilados?

“El sistema actual no está preparado para niveles de inflación semestrales tan altos”, explicó en 2016 a Chequeado el miembro de la cátedra de Economía de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Carlos Martínez. Además, Martínez apuntó a que algunos de los datos para calcular el aumento no son públicos y sostuvo que “si no se puede acceder a esas fuentes, la fórmula para establecer el incremento termina siendo opaca”.

Según un artículo de dos economistas expertos en temas de finanzas públicas de la UBA, Oscar Cetrángolo y Julián Folgar, “la fórmula previa era producto de la ausencia de buenos índices de inflación durante el gobierno pasado y no tiene mucho sentido mantenerla”.

Sin embargo, sostienen que modificar simplemente la fórmula “por fuera de la reforma general al sistema puede ser motivo de controversias”. Además, destacan que la medida genera resistencias “por afectar los ingresos de los jubilados”, lo que ocurre “por el cambio en los índices pero también por omitirse el ajuste de un trimestre de relativamente alta inflación que quedó atrás”.

Según estimaciones de Clarín, en base a datos de Cetrángolo y Folgar, con la nueva fórmula un jubilado promedio ganaría aproximadamente un 3% menos en todo 2018 (alrededor de $6 mil) si aprueba este proyecto de ley.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que en diciembre de 2019 la nueva fórmula generaría un haber mínimo real (o sea, teniendo en cuenta la inflación) un 8% más bajo que el que se lograría con la fórmula vigente. Además, sostiene que la propuesta generaría un ahorro fiscal sólo en 2018 de $72 mil millones, equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Por esta pérdida real que generaría en los haberes jubilatorios el cambio de la fórmula, el Gobierno propondría un pago único en marzo para compensar la transición, que saldría por decreto tras la aprobación de la ley. Estos bonos serían de $400 para los beneficiarios de la AUH, de $375 para quienes se jubilaron mediante las moratorias y cobran menos de $10 mil, y de $750 para jubilados con aportes que cobren menos de $10 mil de haber.

Según un cálculo de la consultora privada ACM, el costo de esta medida sería de $4,2 mil millones, muy por debajo del ahorro que generaría para el Estado nacional el cambio de fórmula, $50 mil millones según el cálculo de ACM.

Foto: RSM