Diputados se reunieron con ATEN

La reunión se realizó en la tarde de ayer en sala de Comisiones y se extendió por cuatro horas. El planteo del gremio se centró en el déficit del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN); problemas de infraestructura escolar; la situación de los auxiliares de servicio; la recomposición salarial y las condiciones laborales de los docentes.

El secretario general, Daniel Huth, dijo que el gremio “no ve a la Legislatura como un ámbito de mediación” pero pidió a los diputados que contribuyan a destrabar el conflicto en el ámbito de la mesa de negociación con el poder Ejecutivo. 

Al exponer, Huth señaló que el gremio no recibió respuesta para ninguno de los puntos del reclamo y consideró que el diálogo que hay en la mesa de negociación es “vacío”. Dijo que el gobierno no hizo ninguna propuesta salarial para el sector y calificó esa situación de “inaceptable”. Lo responsabilizó por dejar a los alumnos como rehenes del conflicto y defendió la legitimidad del reclamo que –sostuvo- “es doble; porque reivindicamos la lucha del conjunto de los trabajadores y defendemos la educación pública”. 

El dirigente gremial negó que Neuquén sea la segunda provincia con mayores sueldos docentes y estimó que computándose el aumento de 480 pesos otorgado por el gobierno a través de un decreto, la provincia debe ocupar el quinto lugar. Insistió en que el aumento salarial no puede bajar del “30-35%” y afirmó que “no hay decisión política de volcar más recursos al presupuesto educativo”. Cuestionó la afectación de 145 millones de pesos del presupuesto para “sostener la educación privada” y manifestó que según análisis realizados por técnicos, la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado dejará recursos por 1000 millones de pesos. 

En tanto, Patricia Jure, secretaria de prensa de ATEN, detalló una serie de irregularidades detectadas en distintas obras de infraestructura escolar que, según denunció, se incluyeron en el presupuesto y nunca se realizaron. También expresó que hay 3 mil niños en toda la provincia que no tienen salas de 3 y 4 años. Ricardo Rivarola, vocal gremial de media, sostuvo que la transferencia de recursos a las escuelas privadas le quita presupuesto a la escuela pública y apuntó que en febrero se transfirieron al sector privado 9 millones de pesos para sueldos y 2 millones para cargas previsionales. Recalcó que se destinan 0,60 centavos para refrigerio, monto que se mantuvo fijo en los últimos años. 

Por otro lado, Gabriel Pillado, secretario de nivel medio, subrayó que el Estado debe resolver las cajas jubilatorias que son deficitarias y garantizar las jubilaciones sin resentir la prestación de salud ni aumentar los aportes que realizan los trabajadores. En ese sentido, ratificó que la caja jubilatoria docente del ISSN nunca arrojó déficit. 

A su turno, Carlos Tobares reclamó que el 20% de los auxiliares de servicio todavía no está en planta permanente y enumeró problemas de reconocimiento de categorías, antigüedad y ubicación por zona. Además, hizo eje en la falta de listados de auxiliares. 

La presidenta de la comisión de Educación, Silvia De Otaño (MPN), dijo que con la medida de fuerza “estamos perdiendo el objetivo que es generar y formar ciudadanos independientes”. Aseguró que “acá hay un denominador común que es la preocupación por la pérdida de días de clase y el salario docente”; y se pronunció a favor de trabajar en forma conjunta. Su par de bloque, María Angélica Carnaghi pidió “que garanticemos entre todos la paz social” y solicitó al gremio que revise la medida. También recordó que el gobierno hizo seis propuestas salariales previas al decreto que no fueron aceptadas por los docentes y añadió que el pedido de mayores sueldos “tiene que ser nacional”. En tanto, Luis Sapag definió al gremio como “autoritario” y Claudio Domínguez preguntó “por qué violan el derecho de los niños a la educación”. 

Por el PJ, Amalia Jara manifestó que el que tienen que dar la solución es el gobierno y consideró que el salario docente es vergonzoso. Pamela Mucci (UNE FyPN) pidió “deponer actitudes en aras de la educación” y se expresó a favor de “intentar buscar una vía de diálogo para ponernos a la altura de las circunstancias”. 

Rodolfo Canini (FG-MUN) advirtió que hay un proceso de privatización “cada vez más fogoneado por el gobierno” y argumentó que como el derecho a huelga y a la educación están contemplados en la Constitución, “el Estado debe garantizar que se cumplan los dos y convivan en armonía”. Alejandro Vidal (UCR) criticó la decisión del gobierno de “acotar el derecho a huelga en vez de encaminar la resolución del conflicto”. 

Beatriz Kreitman (CC ARI) reivindicó la pelea por el salario y el derecho a huelga. Raúl Godoy (FIT), por su parte, respaldó el reclamo y adelantó que no va a aceptar “el presupuesto cerrado”. Manuel Fuertes (NCN) dijo que la legitimidad de la huelga “no autoriza a hacer cualquier cosa en el espacio público” y planteó su posición a favor de la variedad de oferta educativa. Jesús Escobar (MLS) enfatizó que el salario docente “es una vergüenza” y precisó que el sueldo de un maestro con 10 años de antigüedad es 4600 pesos, cifra que incluye el aumento otorgado.