La iniciativa propone un órgano interministerial de carácter consultivo y de asesoramiento que coordinará la formulación de políticas públicas de atención integral para las personas con discapacidad e impulsará la participación institucional de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática.
El Consejo estará integrado por la máxima autoridad en la materia del poder Ejecutivo; un representante de jerarquía de cada Ministerio y Secretaría de Estado; dos diputados designados por la Legislatura en proporción a su composición política; cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil y cuatro representantes de municipios y comisiones de fomento.
A la vez, el proyecto prevé una mesa coordinadora ejecutiva presidida por la máxima autoridad en la materia del poder Ejecutivo y estará compuesta por 1 representante del poder Legislativo; 1 representante del poder Ejecutivo; 1 de las organizaciones de las sociedad civil y 1 de los municipios.
La iniciativa también plantea la delimitación de cuatro zonas –Norte, Centro, Sur y Confluencia- donde la representación quedará garantizada a través de la elección de un representante titular y un suplente por cada una.
Los fundamentos explican que el objetivo es contar con una herramienta que permita coordinar la acción del Estado Provincial, los Municipios y las Organizaciones de la Sociedad Civil, dando respuesta a la necesidad de definir una política integral de discapacidad, desarrollando mecanismos de participación que garanticen la representación de todos los sectores involucrados. También remarcan que la provincia viene realizando actividades encuadradas en una normativa de protección de las personas con discapacidad y menciona la ley nacional Nº 24901 y la provincial Nº 1634.
Buscan garantizar la accesibilidad a la información
Diputados de cuatro bloques proponen adherir a la Ley Nacional N° 26.653 de Accesibilidad de la información en las páginas web para todas las personas con discapacidad. La iniciativa afirma que el Estado provincial deberá respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidad y trato.
La norma comprende a los tres poderes de la provincia, sus organismos descentralizados, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, de capital mixto, prestadoras o contratistas, y las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias por parte del Estado.
En sus fundamentos, el proyecto presentado por los bloques MPN, MID, Unión Popular y Federalismo y Militancia, explica que el espíritu de la adhesión a la ley nacional es la búsqueda de una provincia “más inclusiva,” con acceso directo al “ejercicio de la ciudadanía.”
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