Son casi 10 mil las denuncias judicializadas por violencia familiar según estadísticas del 2012. Así lo informaron hoy en la Legislatura funcionarios del ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, organismo encargado de la reglamentación e implementación de la Ley N° 2785 –Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar-.

06 Dic 2013
    

Lo hicieron en la reunión semanal de la comisión de Desarrollo Humano y Social. Fernanda Ortiz Luna dijo que en el 2008 se recibieron en Neuquén 7.900 denuncias mientras que en 2012 la cifra ascendió a 9704 en toda la provincia. En la ocasión, detallaron los avances en la implementación de la ley, reglamentada por decreto N° 2291 del 21 de diciembre de 2012, y se destacó el trabajo interinstitucional e intrainstitucional que realizaron las distintas áreas ministeriales involucradas en la norma. 

Posterior a la exposición, los legisladores debatieron un proyecto de resolución de la diputada Beatriz Kreitman –CC ARI- por el que se convoca al ministro de Salud a que informe en la Legislatura sobre el reclamo que llevan adelante los profesionales nucleados en Siprosapune, presentes en la reunión. En ese sentido, el diputado José Russo –MPN- pidió “una semana más para tratar de destrabar el conflicto y acercar a las partes” dado que –dijo- tanto el bloque del MPN como las autoridades de Cámara, realizaron gestiones en ese sentido; razón por la cual pidió postergar por una semana más el tratamiento del proyecto de pedido de informes. 

En principio, Jesús Escobar –LdS- pidió que se respete la Constitución que los habilita a pedir informes a los funcionarios y que se apruebe el despacho para que el ministro de Salud, en sesión especial, informe en la Cámara. Agregó que postergar una semana más puede ser ‘una maniobra dilatoria en virtud de que no hay más sesiones’. En el mismo sentido se pronunciaron Raúl Godoy –FIT- y Alfredo Marcote –Upie-, en tanto que Rodolfo Canini –FG NE- consideró “insólito el ocultamiento de este ministro” y recordó que no se trata de un problema gremial sino de la falta de aplicación de una ley que se aprobó en noviembre de 2011. 

Ricardo Rojas –MID-presidente del cuerpo, consideró que el problema es más profundo y que no se soluciona trayendo al ministro a la Legislatura, por lo que no aprobaría el proyecto. Finalmente, los diputados quedaron a la espera de una respuesta por parte del oficialismo y se ofrecieron a sumarse para buscar una solución al conflicto. 

A su turno, Beatriz Kreitman, autora de la iniciativa, pidió el compromiso de la comisión de que si no se avanza en un acuerdo, el próximo jueves se vuelva a tratar el proyecto de resolución para citar a Buttigué. Alejandro Vidal –UCR- propuso volver a reunirse antes del jueves para encontrar soluciones. 

Russo destacó la importancia y las virtudes de la ley de remuneraciones del sector –N° 2783- que “salió por consenso y es única en el país”; aclaró que “no jugamos a la dilación del tema pero tampoco queremos generar una votación incómoda del proyecto donde pierden todos”. Y pidió una semana más para resolver el tema y no seguir generando una profundización del conflicto que ya lleva tiempo. Por lo tanto, el proyecto continúa en comisión. 

César Dell’Alli, en representación de Siprosapune dijo que “si bien estamos convencidos del valor de la palabra y la confianza, hoy para nosotros confiar es dificultoso dado que por más de 8 meses no hemos obtenido respuestas.” Agregó que apuestan a conseguir soluciones para que el sistema público de salud no decaiga aún más. También pidió a los legisladores que “velen por un espacio de diálogo real porque la respuesta puede ser negativa”. 

Ortiz Luna – informe aplicación en la provincia de la Ley 2785 de Violencia Familiar 

La funcionaria, mediante proyecciones, informó ante el cuerpo los avances obtenidos para la aplicación de la ley, para lo cual fue necesario crear una comisión especial que coordine, articule y controle el trabajo que efectúan las distintas dependencias que intervienen en la ejecución de planes y acciones previstos en la norma. Mencionó a cada uno de sus integrantes, los que empezaron a trabajar el 19 de marzo como comisión. Consideró a la comisión como un “espacio importantísimo” dado que “el objetivo de esta coordinación intersectorial, interministerial e interpoderes es que se traduzca en efectiva protección a las personas víctimas de violencia familiar y a su grupo familiar”, acotó Luna. 

Explicó que este año se abocaron a trabajar en el ‘Diseño del Plan Provincial de Capacitación para los agentes públicos’ y en la elaboración de un ‘Protocolo Único de Intervención de materia de violencia familiar’. Al respecto dijo que ‘lograr un protocolo provincial de atención no va a ser fácil’ por lo que definieron en conjunto los diferentes indicadores de riesgo para identificar rápidamente situaciones de alto, mediano y bajo. Luego acordaron en elaborar una serie de recomendaciones, definidas por unanimidad, dirigidas a todas las áreas del Poder Ejecutivo. 

En cuanto a las estadísticas, dijo que contaba con información parcializada dado que se trata de casos de violencia familiar judicializados-Ley 2212, 2785 o 2302- y mencionó que en el año 2008 se recibieron en Neuquén 7.900 denuncias mientras que en 2012 la cifra ascendió a 9704 en toda la provincia. Agregó que en la I Circunscripción Judicial (Neuquén) los Juzgados de Familia vieron incrementadas las causas de violencia familiar durante el año 2011 entre un 28-30% más; mientras que en la III Circunscripción (Zona Centro) la cifra en ese mismo año ascendió un 60% más al igual que en la IV Circunscripción (Sur).