Estuvieron presentes el presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Honorable Legislatura del Neuquén, el diputado Ricardo Rojas, los diputados José Russo, Gabriel Romero, Alejandro Vidal, Jesús Escobar, Pablo Todero y Gabriela Suppicich.
También se convocó especialmente la Dra. Marcela Ronald, Médica Psiquiatra y Fitoterapeuta, especializada en TEA (Trastorno del Espectro Autista), además de integrantes de la Fundación Paz y Lazos Azules, de Neuquén Capital y TEAbrazamos de Zapala.
En su exposición, la Dra. Ronald expresó que “un diagnóstico precoz y la información de los profesionales son dos de las características fundamentales para lograr alcanzar una vida normal de los niños que padecen el Trastorno del Espectro Autista”,
La “situación está pasando a ser pandemina donde existe una detección tardía ante padres desprotegidos por falta de información”. En ese sentido mencionó la valiosa chance de la detección temprana en chicos con autismo dado que presentan mayores posibilidades de mejora en los tratamientos. Explicó que la importancia del diagnóstico precoz, siendo una herramienta primaria la utilización de la pesquisa llamada “M-Chat”, siendo un test de verificación para detectar trastornos del espectro autista en niños con edades de entre 18 y 60 meses de vida.
Andrea Leonfanti, secretaria de TEAcompañamos y fonoaudióloga del Hospital de San Martín de los Andes, señaló que la provincia carece de programas de atención a niños con autismo, “condición que forma parte de los derechos del niño”. Por su parte, Daniel Ferraro, presidente de la asociación local remarcó que se presentó un proyecto al vicegobernador electo, Ronaldo Figueroa para realizar una capacitación a docentes de la provincia a los efectos de que cuenten con herramientas para el abordaje en el aula.
Otros de los puntos que se presentó como desafío es el acompañamiento no solo de los niños con TEA sino también de los adolescentes, jóvenes y adultos con TEA, ya que cada etapa demanda plantear estrategias particulares.
El diputado Gabriel Romero señaló que el proyecto es un “disparador para buscar y generar una norma que obligue al Estado a tener una política activa en relación al TEA”.