Lo anticipó Carlos Otaño, coordinador de la Jucaid (Junta Coordinadora para la Atención Integral al Discapacitado) de la provincia. Anunció que se estudia la posibilidad de que pase al ámbito de la salud pública. Además anuncio que la semana llegaría una junta evaluadora itinerante a San Martín de los Andes.

02 Oct 2012
    

La junta evaluadora de personas con discapacidad de San Martin de los Andes anunció la suspensión de la atención a las personas con discapacidad desde el 1° de septiembre pasado, ante la falta de pago de un compromiso asumido desde el gobierno provincial, que dejó sin atención a las personas con discapacidad, negándoles la posibilidad de poder sacar o renovar su carnet de tal condición, salvo que se puedan costear un viaje a Neuquén, sin la seguridad de que sean atendidos.

Carlos Otaño, coordinador de la Jucaid relata que “el día 6 de septiembre recibimos una nota del intendente diciendo que desde el 30 de agosto suspendía el funcionamiento de la junta evaluadora por cuestiones económicas”. Si bien Otaño reconoce la deuda, manifestó: “a partir de esto (la nota) nos pusimos en campaña para solucionar el problema en San Martín. La semana que viene entre jueves y viernes estaremos en San Martín de los Andes con una junta evaluadora itinerante de la Jucaid, para solucionar el problema de los certificados.”

“Hemos pedido a las autoridades del municipio un listado de todas las personas que estan para ser evaluadas, en función de eso, seguramente, jueves y viernes estaremos en San Martín de los Andes” informó el funcionario y expresó “Yo personalmente no escapo a la responsabilidad que me cabe en todo esto, pero mi función y la de todos “nosotros” es la de solucionar los problemas y no agravarlos, por eso espero que el consejo pueda recibirme y tener una charla con ellos.”

Asimismo adelantó que están trabajando con el ministerio de salud, para que las juntas evaluadoras funcionen en el ámbito de salud pública, “en este caso en el hospital, este es un proceso que hemos empezado hace poco, estamos trabajando en eso, así que creo que va a ser la solución definitiva” reveló Otaño, a la vez que agregó “en el 80% de las provincias las juntas evaluadoras están en el ámbito de la salud pública”.

El beneficio principal esgrimido por Otaño, sobre el funcionamiento de la junta evaluadora en el ámbito de la salud, fue el de la estabilidad de la junta, “cada vez que hay un cambio de autoridades, suele haber también cambio en el personal de la junta, lo que no nos permite mantener juntas y profesionales estables que vayan adquiriendo experiencia en la evaluación.”