El secretario adjunto de ATE en la zona Sur, repudió la “pretendida afectación al derecho a huelga” que tendría la iniciativa. “Jamás apoyaría una norma que pretenda disminuir derechos, como lo es la norma que han aprobado como proyecto”, dijo el sindicalista.

19 May 2015
    

“Me dirijo a nuestros afiliados municipales, concejales y a la comunidad de SMAndes  a fin de dar mi repudio y  opinión en relación al proyecto de ordenanza aprobado recientemente declarando como servicios esenciales, continuos y permanente a los servicios públicos Municipales como la  recolección de residuos, transporte y cementerios”, reza el comunicado que emitió el delegado de ATE.

En este sentido, dijo que comparte “la idea de que debe velarse por la seguridad, salud, educación, bienestar y la vida de todas las personas, así como por la dignidad de las mismas”.

Y agregó que observa “con agrado la iniciativa tendiente a disponer  una ampliación en la tutela de los derechos fundamentales de los seres humanos”.

Aunque, para el dirigente de ATE, la norma tiene una “pretendida afectación al derecho a huelga, derecho tan fundamental como los anteriores. Tal es así que el trabajador acude a la huelga cuando ya ha agotado todas las instancias anteriores y cuando ya ve su dignidad bastardeada es que decide acudir a una medida de última ratio”.

“Que jamás apoyaría una norma que pretenda disminuir derechos, como lo es la norma que han aprobado como proyecto, más bien debería velarse por mejorar las condiciones laborales, a fin de que los trabajadores no deban recurrir a la huelga para hacerse escuchar”, dijo Andrade.

“Si los funcionarios vulneran derechos esenciales de los trabajadores, los mismos tendrán que ejercer sus derechos sin restricciones ya que para vulnerárselos, no hubo contemplaciones ni reparos previos, a pesar de existir garantías constitucionales en su favor”, expresó.

Finalmente, Andrade dijo que “las restricciones de derechos deben comenzar por la parte más fuerte y no por la más débil. Les recuerdo a los señores concejales que los trabajadores somos sujetos de preferente tutela constitucional y convencional y así nos reconocemos”.