Quieren que haya más casos que se juzguen con "Jurados Populares"

El fiscal general José Gerez presentará hoy en la Legislatura su proyecto de reforma del Código Procesal Penal en el que propone que todos los juicios criminales se realicen bajo la modalidad de jurado popular.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) elaboró una iniciativa en la que busca modificar la norma, que entró en vigencia hace dos años. En el acuerdo semanal de vocales se le pidió opinión a los Ministerios Públicos antes de que sea remitida a la Cámara. Sin embargo, no hubo posibilidad de acordar un único texto, y Gerez hizo lo propio: "No me molesta, nosotros tenemos algunas visiones y algunos temas muy específicos".

El proyecto del TSJ introduce cambios en 17 artículos. Gerez coincide en la redacción de 11 de ellos, inclusive el que fija pautas orientativas para el dictado de la prisión preventiva. Su gran apuesta consiste en ampliar la competencia del jurado popular a todos los juicios criminales. Entre los fundamentos subrayó que ningún juicio "ha tenido que suspenderse por ausencia de ciudadanos" y que las oficinas judiciales cuentan con "la experticia para echar a mandar un sistema que funcione principalmente sobre la base de juicios por jurados."

Detalló que el costo de un tribunal compuesto por tres jueces técnicos es superior al de un tribunal ciudadano: 4.896.600 pesos importó la realización de los 136 juicios ante tribunal colegiado que hubo en toda la provincia en 2015. Si los 136 se hubiesen hecho por jurado popular, el costo habría sido de 4.080.000 pesos.

Cuando la pena sea inferior a los 15 años, el proyecto establece que el tribunal popular estará compuesto por 6 jurados titulares y 2 suplentes, y cuando supere los 15 años se mantendrá en 12 titulares y 4 suplentes. Tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deberá ser unánime, en todos los casos. También propone modificar los requisitos para ser jurado, en lo referido a la edad: pasa de 21 a 18 años.

En lo que respecta a los pueblos originarios, se incorporan al Código los criterios establecidos en la Declaración de Pulmarí, en los cuales se especifica en qué circunstancias la fiscalía prescinde de la acción penal.

El Código prevé actualmente que el juicio directo, para los casos de flagrancia, sea por acuerdo. El proyecto del TSJ plantea que la defensa pueda formular oposición. Gerez, en cambio, señala que se haga siempre que la fiscalía lo solicite y acredite las circunstancias. "Se intenta combatir con este instituto al delincuente habitual, es decir aquel que hace de la delincuencia su modo de vida", aseguró el fiscal en su proyecto.