Diputados debatieron sobre el protocolo ‘antipiquete’ de Nación

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia acordó consensuar un despacho para el próximo martes sobre los proyectos que rechazan el Protocolo de actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas, impulsado por el gobierno nacional, a raíz del tratamiento de tres proyectos referidos al tema, de autoría de los diputados Raúl Godoy (PTS-FIT) y Patricia Jure (FIT). En este sentido, el cuerpo acordó redactar un despacho la semana próxima.

 

Hubo consenso en el rechazo al Protocolo en cuestión, a excepción del diputado del PRO Damián Canuto, pero los legisladores mostraron divergencias al manifestar sus argumentos. Durante el debate, Godoy aseguró que “el derecho a la protesta se ejerce cuando se violan otros derechos” y repudió que la decisión sobre qué es manifestación y qué no recaiga en las fuerzas de seguridad. “Existen 4000 procesados por aplicación del artículo 194 del Código Penal”, recordó.

La propuesta de unificar un despacho la hizo el diputado Raúl Podestá (NE-FG), quien adelantó que su bloque no acuerda con el Protocolo, porque –según dijo– “apunta a debilitar las defensas que una sociedad tiene frente al poder”. Guillermo Carnaghi (FPV) criticó el dispositivo en tanto “es una herramienta inaplicable que saca a la política de la resolución de los conflictos sociales”. Por su parte, Sergio Gallia (PAN) celebró la decisión del Gobierno provincial de no adherir al mismo y propuso retomar el tema en la reunión de la semana entrante para lograr el máximo consenso posible. Desde el oficialismo, Claudio Domínguez (MPN) indicó que “se violan muchos derechos” y propuso una declaración en beneplácito a la no firma de la provincia del Neuquén y que se elabore un ‘protocolo de convivencia’. Su par de bloque, Mario Pilatti, reprochó que se trate de una norma “hecha en Buenos Aires para aplicar acá” y de una herramienta que “resuelve para un solo derecho”, en tanto María Laura Du Plessis (MPN) recordó que Neuquén fue una de las únicas provincias “que se resistió” a la firma del convenio.

Finalmente, Alejandro Vidal (UCR) sostuvo que “el cambio al que muchos aspirábamos no es el cambio por imposición”.

 

En otro orden, los gremios ATEN y Siprosapune expusieron el pedido para quitar la zona desfavorable de la base imponible del Impuesto a las Ganancias. Al inicio de la reunión el cuerpo recibió a César Dell’Ali –Secretario de Siprosapune– y Marcelo Guagliardo – secretario general de ATEN– en el marco del pedido que dichos gremios realizan para el tratamiento del proyecto, con despacho de la comisión de Trabajo (I) en la gestión anterior, que excluye el adicional de Zona Desfavorable del cálculo del impuesto. Al hablar, Dell’Ali aseguró que la tributación sobre ganancias “tiene un impacto altamente negativo” porque afecta de manera directa a la contratación de recurso humano, sobre todo en el interior provincial. Defendió el despacho en cuestión al asegurar que se trata de “una solución totalmente viable” y cuestionó “la decisión política” de que no avanzara. Por su parte, Guagliardo dijo que la propuesta es “razonable, legítima y urgente”; al tiempo que remarcó la potestad de la Legislatura provincial para aprobar la norma. Dijo que no se trata de un reclamo del sindicato, sino que representa a “todos los trabajadores” y exhortó a los legisladores a tomar en sus manos “la posibilidad de evitar un conflicto”.

 

En otro orden, el cuerpo dio despacho unánime al proyecto de ley que prórroga hasta el 31 de marzo del 2017 la vigencia de la Ley 2.394, de Suspensión de los Procesos de Ejecución Hipotecaria para Viviendas Únicas de Uso Permanente del Titular o Grupo Familiar. Asimismo, se aprobó por mayoría la nómina remitida por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, compuesta por 1200 abogados matriculados en condiciones de integrar el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia. Dicho jurado tiene la función de juzgar a miembros del poder Judicial no sujetos a juicio político y está integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dos vocales de dicho cuerpo, dos diputados y dos abogados designados por sorteo en sesión, según lo establece la Constitución Provincial.