La Legislatura aprobó la ley que obliga a capacitar a subsidiados por desempleo

La Cámara de Diputados aprobó en general y por mayoría el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial -anunciado por el gobernador Omar Gutierrez, en la sesión del 1ro. de Marzo- el mismo establece que los trabajadores desocupados que perciban un subsidio de desempleo deberán realizar acciones de formación y capacitación. Asimismo, sancionó por unanimidad la ley que incrementa en un 4% la tasa de aportes personales y las contribuciones patronales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial al sistema del régimen previsional. Lo hizo esta tarde en la 10º sesión ordinaria que presidieron en forma alternada el vicegobernador Rolando Figueroa y la vicepresidenta 1º, Alma Sapag, y contó con la participación de los 35 diputados que la componen.
En la sesión iniciada a las 17:35, los diputados discutieron dos despachos del proyecto de capacitación a trabajadores desempleados y el debate giró en torno a si la capacitación debe ser obligatoria o si es un derecho del trabajador desocupado. El dictamen por mayoría, que establece la obligatoriedad de la capacitación, contó con 19 votos aportados por los bloques del Movimiento Popular Neuquino, PRO, Frente Renovador (FR), Unión Cívica Radical (UCR), Adelante Neuquén (Paden) y Unión Popular-Unidos por una Nueva Argentina (UP-UNA). La norma, impulsada por iniciativa del Poder Ejecutivo, tiene como objeto que el beneficiario de un subsidio de desempleo pueda adquirir, durante el tiempo que dure su búsqueda laboral, conocimientos que le permitan la reinserción al mercado laboral.
El miembro informante del despacho por mayoría, Claudio Domínguez (MPN) señaló que en la provincia hay 8583 personas que perciben el subsidio y adelantó que en el tratamiento en particular propondrá, en el artículo 3°, que además de las instituciones públicas o privadas las capacitaciones puedan ser dictadas por personas humanas -según la nueva figura del Código Civil y Comercial de la Nación-, que puedan enseñar su oficio.
Por el despacho de minoría, el miembro informante fue el diputado Guillermo Carnaghi, del Frente para la Victoria (FPV), que expuso que el monto de 1100 pesos que reciben los trabajadores desocupados de la provincia “no resuelve su situación” y los fuerza a buscar otra actividad para poder completar sus ingresos, a la vez que mencionó que no está claro en el proyecto original cómo se implementarían las exigencias que establece la ley. “Creemos que dejaría a los trabajadores desocupados en una situación de vulnerabilidad que podría dar lugar a arbitrariedades”, sostuvo, y ratificó que es por ello que prefieren ofrecer la capacitación como opción “y estoy seguro de que la van a tomar”. Esta postura fue respaldada por Juan Monteiro, de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), que adelantó su apoyo al despacho de la minoría, al igual que los diputados de Nuevo Encuentro-Frente Grande (NE-FG), Libres del Sur, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Partido de los Trabajadores por el Socialismo-FIT.
Desde el oficialismo, Mario Pilatti señaló que la capacitación obligatoria destinada a las personas que se encuentran desempleadas es una política de Estado que busca ofrecer contención a quienes están pasando por una situación de falta de trabajo y fomentar la autoestima y creatividad. “La obligatoriedad de capacitarse incluye al derecho y es una garantía para el cumplimiento de ese derecho”, aseguró. Desde la UCR, Alejandro Vidal consideró que la norma “es importante para que los neuquinos que hoy están desocupados puedan encontrar un rumbo laboral”.
A su turno, el diputado Eduardo Fuentes (NE-FG) rechazó la imposición de una nueva obligación a las personas desocupadas y advirtió que hay factores como la distancia o la atención familiar que pueden impedir la asistencia a las capacitaciones. Su par de FPN-UNE, Pamela Mucci recordó que la educación y la capacitación son obligaciones del Estado y en ese marco, dijo que “si yo no soy capaz de cumplir con mi obligación no puedo obligar a nadie”.
El diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) opinó que la ley “tiene una clara intencionalidad restrictiva, condicionante y estigmatizante” y advirtió que a largo plazo puede generar precarización. A la vez, Santiago Nogueira (Libres del Sur) consideró erróneo creer que el problema de la desocupación se explica en la falta de capacitación y que el desempleo es un tema individual. En ese sentido, opinó que el problema radica en la matriz productiva de la provincia.
En otro orden, durante el debate por el aumento del aporte jubilatorio de magistrados y funcionarios judiciales, Domínguez indicó que el incremento se realizará en forma progresiva, en concordancia con el cronograma planteado en el decreto del poder Ejecutivo que aumentó la tasa del aporte a los trabajadores del Estado.
Al respecto, el diputado Jesús Escobar planteó su desacuerdo con los privilegios de los jueces y con el aumento de los aportes a los empleados. Se pronunció a favor de buscar caminos alternativos para incrementar los aportes a la caja previsional y mencionó, como ejemplo, el modelo noruego que lo hace a través del desvío de fondos de la renta petrolera.
Por su parte, Pilatti subrayó que la ley propone una cuestión de equidad en un sistema de reparto “entendiendo que el problema había que resolverlo desde la relación de empleo público que abarca una porción importante pero que es bastante menos de la mitad de la población provincial”.
Godoy aclaró que "la ley es un acto demagógico que no termina con los privilegios de la casta judicial”, mientras que Jure acotó que la norma “quiere legitimar un acto de confiscación a los trabajadores que implicó el aumento de sus aportes”.
En la sesión se aprobaron también la resolución N° 922, por el cual se requiere al Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de la provincia información respecto de la actuación de la compañía petrolera Entre Lomas SA; y la comunicación N° 41, por el cual se expresa preocupación por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas.
La Cámara también sancionó la declaración N° 1832, que establece de interés del Poder Legislativo la conformación del Comité de Emergencias del Sistema de Emergencias ambientales; la declaración N° 1833, que establece de Interés del Poder Legislativo el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos a celebrarse el 30 de mayo; la N° 1834 referida al Taller Construcción de Consensos para la Incidencia Colectiva a realizarse los días 20 y 21 de mayo; N° 1835, de Interés del Poder Legislativo la presentación de la obra teatral “Corales en Aguamarina”, que se presentará el 25 de mayo en el cine teatro de Zapala; y la N° 1836, que establece de Interés del Poder Legislativo la Jornada de derecho Animal que se realizará el 9 de junio en la ciudad de Neuquén.
La sesión finalizó a las 22.20. El cuerpo volverá a sesionar mañana a partir de las 15.