Fernando Bravo: “No le decimos a nadie que no”

“Denuncias, reclamos y quejas, que para nosotros son actuaciones o expedientes”, indicó Fernando Bravo, al comenzar a agrupar los tipos de casos recibidos diariamente en su trabajo dentro de la Defensoría del Pueblo y el Medio Ambiente local. Creada el 1 de julio pasado, más tarde conformada completamente junto a Laura Blanco y Gonzalo Salaberri, la Defensoría ya lleva hechas 100 actuaciones.

En diálogo con Radio Fun, Bravo destacó que en San Martín de los Andes, “no consideramos resuelto el caso hasta que no esté satisfecho el reclamo” y diferenció: “Respuesta es una cosa, pero solución, respuesta efectiva respecto al reclamo, es otra”.

Sobre la relación que el Organismo mantiene con el Ejecutivo, el Defensor indicó que, “cada funcionario y cada estamento, está obligado a respondernos. La Ordenanza dice que tiene 30 días para hacerlo. Si hay razones justificadas, se le puede dar 30 días más”, aunque, en caso de no recibir ninguna respuesta pasado el plazo, la Defensoría puede citar al funcionario, denunciarlo ante el Deliberante e incluso declararlo en rebeldía frente a la Justicia.

Bravo también mencionó como un distintivo de la Defensoría del Pueblo local el ser “la única que tiene un “Procedimiento Sumario” para acortar tiempos, que permite evitar todo el camino burocrático de la respuesta del funcionario ante una nota”. La propuesta, a la que algunos acceden y otros no, consiste en entrevistar al funcionario al que se le solicita una respuesta, facilitarle toda la documentación pertinente al tema, y registrar sus explicaciones en un soporte digital, convertirlo en Acta, recibir su firma de conformidad y armar la resolución.

“En vez de durar 30 días la espera, puede durar 48 horas”, continuó Bravo: “Nos permitió acortar de manera notable los tiempos. Queremos que le facilite el trabajo al funcionario, porque la respuesta nos la tiene que dar, pero al mismo tiempo le aportamos la respuesta rápidamente al vecino”.

“No le decimos a nadie que no”, confesó el Defensor, que también aseguró que se trata de una política que junto a su equipo vienen cumpliendo “con la lengua afuera”. “Aunque no tenga relación alguna con la Defensoría, le damos una respuesta”, indicó. Tal es así, que aunque no es de la competencia del Organismo, los Defensores han intercedido en cuestiones tarifarias de luz y gas e incluso en presentaciones de conflictos de alquileres.

“Podríamos decirle que no intervenimos, pero no lo hacemos. Le ofrecemos alternativas, consejos, asesoría, entre otras cosas. Si el vecino lo necesita, lo acompañamos. Llamamos al funcionario y le pautamos una cita, o lo acompañamos a sentarnos a la oficina, sacamos el número y los esperamos, les dejamos el caso. En la medida en la que se pueda, lo seguiremos haciendo”, comentó Bravo.

Proyecto Marina Lago Lácar

“Con la Marina presentamos un documento de trabajo, porque entendemos que los ámbitos donde debe discutirse en es aquellos que abren el juego a la comunidad, Parques Nacionales, el Ejecutivo y el Deliberante. En el COPE. Hicimos un documento de trabajo para que tomaran una decisión usando como disparador al documento”, detalló Fernando Bravo.

Además, mencionó que lo que les interesa desde la Defensoría “no es la Marina, sino determinar por qué se produjo el conflicto, por qué tantos dicen que sí y tantos que no. Por qué no nos ponemos de acuerdo”.

Sobre las conclusiones a las que llegaron desde el Organismo, Bravo afirmó que “es bastante sencillo de describir, complejo de resolver”, ya que “la discusión se produce porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es pedirle a un proyecto particular que incorpore todas nuestras discusiones, deseos, visiones del mundo respecto del espacio público, en un proyecto particular, cuando el camino es al revés”.

Lo que plantean desde la Defensoría, de acuerdo a Bravo, es “fijar las directrices sobre el espacio público de la ciudad”, ya que de esta manera “la discusión no es ordenada, no está encuadrada dentro de una norma que la contenga y la promueva, y el resultado es pasar meses discutiendo”.

Además, agregó: “En el documento de trabajo fijamos un plazo de 6 meses para discutir las directrices, y después... que éste y todos los proyectos se acomoden a lo que establezcamos”.

Otro de los pedidos de la Defensoría fue darle una respuesta al inversor, “porque si la persona tiene la voluntad de hacer una inversión y generar empleo, merece una respuesta, aún cuando a mí su proyecto pueda no gustarme”.

Para concluir, expresó: “Tenemos que mirar el uso del espacio. El pueblo de San Martín de los Andes tiene potestades sobre su uso. Discutámoslo. Es una oportunidad de saltearnos la disputa y construir consenso”.