La Defensoría intervino ante las denuncias de abuso de autoridad y apremios por parte de efectivos policiales

La Defensoría del Pueblo de nuestra localidad intervino por las denuncias de abuso de autoridad, seguidas de apremios con ejercicio de violencia física y psicológica por parte de efectivos de la policía provincial que se conocieron en las últimas semanas.

Fue mediante una nota enviada al Jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén, el Comisario General Rubén Tissier.

“De mi consideración:

Como Defensor del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes me dirijo a Usted en relación con las denuncias realizadas por ciudadanos de San Martín de los Andes, quienes afirman haber sido víctimas de abuso de autoridad seguido de apremios con ejercicio de violencia física y psicológica por parte de efectivos de esa Fuerza de Seguridad.

A los efectos de ubicación en tiempo y espacio, refiero en lo inmediato los casos de los ciudadanos César Figueroa y Fernando Muñoz, cuyos someros detalles se anexan (Anexo I) a la presente conforme denuncias.

Sin embargo, como no escapa a su dominio, no se trata de los dos únicos hechos que involucran a personal policial en acciones que tipifican a primera vista en conductas de reproche penal, sin perjuicio de los resultados de la investigación que en tal sentido lleva adelante la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción, haciendo explícita mención esta Defensoría de su estricto apego al principio de inocencia.

Pero resulta alarmante e intolerable para una sociedad que agentes de su Policía Provincial, quienes detentan el legítimo ejercicio de la fuerza otorgado por manda constitucional, sean a la vez recurrente objeto de sospecha por parte de ciudadanos, a partir de las denuncias de malos tratos y atropellos.

La observación no resulta antojadiza a la luz de otros antecedentes, toda vez que la propia Fiscalía de la Cuarta Circunscripción reconoció públicamente en marzo de 2015 en nota publicada por el Diario Río Negro bajo el título “alarmante suba de apremios policiales” en San Martín de los Andes, que “lo normal son dos denuncias por mes, pero en marzo ya llevamos ocho”, conforme lo dicho entonces por el Jefe de Fiscales de la Cuarta Circunscripción.

Aquella seguidilla mereció incluso la intervención directa del poder político en la persona del entonces Intendente Municipal Juan Fernández.

Nada se supo, al menos públicamente según el repaso de archivos y hemerotecas, del destino de aquellas actuaciones, de los resultados de las investigaciones, de los sumarios internos de la fuerza ni de las sanciones, si las hubo, al personal que resultare en efecto involucrado si esa fue la conclusión de tales diligencias.

En nada pretende esta defensoría conocer, con nombre y apellido, tales investigaciones ni entremeses propios de los sumarios iniciados, pero resulta indudable que se le debe una respuesta de la Institución que usted preside a la sociedad sanmartinense, y ésta debe ser cuando menos informar si aquellas actuaciones han concluido y en qué forma, o en qué estado se encuentran; así como mantenerla al tanto de las que se siguen en el presente, esto es si las personas presuntamente involucradas fueron apartadas preventivamente de sus responsabilidades, y qué acciones y prevenciones asume la Jefatura de su digna dirección para poner coto a los desbordes, si en efecto los ha habido.

Incluso si de resultas de las actuaciones internas surge que nada ha habido de verdad objetiva en tales denuncias presentes y próximo pasadas, será de gran beneficio para la comunidad también saberlo.

Por tanto, desde esta Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes se le solicita que, por su intermedio o en la modalidad que Ud. prefiera, informe y lleve tranquilidad a la comunidad en el sentido apuntado.

Tal intervención, a la vez, no hará más que honrar la confianza que la comunidad tiene y debe tener en su Policía.

Es absolutamente necesario y valorable el papel de la Policía en la sociedad, y la institución a su cargo ha dado muestras en innumerables ocasiones de estar a la altura. No desconoce esta Defensoría las complejidades de los contextos sociales y los desafíos que encarnan, pero el límite ha de ser siempre el derecho que da contenido legítimo al uso de la fuerza, y tal aserto no puede jamás ser puesto en duda, ni siquiera en apariencia o por falta de adecuada información sobre conductas individuales que comprometen la labor institucional.

Anexo I

Conforme se indica en la presente nota, los últimos dos casos que ganaron notoriedad pública por denuncias de apremios son los de los ciudadanos Cesar Figueroa y Fernando Muñoz, quienes denunciaron haber sufrido violencia policial de manera arbitraria e injustificada.

Los hechos denunciados habrían tenido lugar en inmediaciones céntricas de la localidad y dentro de la Comisaría 23, en ambos casos por personal afectado a esa comisaría.

En el caso del Sr. Figueroa, el hecho habría ocurrido el 04/10/16, dentro de la comisaria 23, donde pudo identificar al efectivo Rusconi, quien con cinco policías más le habrían dispensado golpes en distintas partes de cuerpo y rostro, afectando principalmente la zona ocular del ojo izquierdo.

La madre del Sr. Figueroa, Sra. Ana María Salgado concurrió a la Comisaría 23 mientras su hijo se encontraba retenido y el agente Salazar le habría proferido amenazas, las cuales constituyeron el motivo de denuncia de la Sra. Salgado. 

Con relación al Sr. Muñoz, la denuncia refiere a hechos suscitados con fecha 26/11/16, donde un efectivo policial lo agrede físicamente provocándole lesiones que, conforme la presentación, fueron constatadas por personal médico del Hospital Ramón Carrillo”.