María Laura du Plessis: "Una vez más Mansilla y Rioseco mienten"

Los diputados del MPN manifestaron su rechazo y repudio a la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto N° 505/2010 de la gestión del ex gobernador Jorge Sapag comenzó diciendo Du Plessis, y recordó “la norma sirvió para llevar paz social a una serie de conflictos que se suscitaban alrededor de esta situación, en especial con la comunidad mapuche Vera”.

En la denuncia se hace mención a la Ley 2.338, sancionada en Mayo de 2002, donde se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir al municipio de San Martín de los Andes el dominio de las tierras de propiedad provincial afectadas a la concesión del complejo cerro Chapelco. Al respecto, la diputada explicó que no existe conflicto con esta norma, porque  trata de una ley facultativa, lo que significa que no impone el traspaso al municipio, sino que solo autoriza el trámite.

La legisladora recordó que “se reclamaban las tierras, cerca de 700 hectáreas sujetas a mensura, desde el año 1925; y un decreto nacional se las había otorgado”, en relación al reclamo de la comunidad Vera. “El decreto de el ex gobernador Sapag obligó a la empresa a elegir otras tierras, y sirvió también para emitir meses después el decreto N° 1.643, donde el estado neuquino le reconoce a la comunidad esas  hectáreas”, agregó.

A principios del año 2000 las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca revalidaron las gestiones hechas con anterioridad para que se les escriture a su favor tierras que, sostenían, les correspondía históricamente. Actualmente las tierras propiedad de la comunidad mapuche Vera se encuentran en proceso de escrituración, dado que durante el año 2016 se concluyó con la desafectación de la titularidad del dominio de los lotes a favor de la empresa que poseía la titularidad de Aldea del Sol.

Al finalizar, le diputada expresó el acompañamiento político a la gestión llevada adelante por el ex gobernador Sapag en relación al tema. “Esto que sucedió fue más allá de un simple decreto de renegociación, fue el fruto de un gran esfuerzo de todos los actores involucrados; desde la misma autoridad de aplicación hasta la comunidad Vera. Por lo tanto la legitimidad y los efectos sociales que trajo la emisión de este decreto son incuestionables. No tengo ninguna duda que así lo va a resolver la justicia dentro de algunos años”, finalizó.