La solicitud fue elevada por el Ministerio Público Fiscal neuquino, detallando que el Legislador está acusado de los delitos de “ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo” y “abuso de autoridad”, en el marco de una denuncia iniciada en 2016 por el Municipio local a funcionarios de la gestión anterior, respecto a la presunta inconstitucionalidad de la CIAP.

04 Ago 2018
    

El Ministerio Público Fiscal neuquino pidió el desafuero de diputado Guillermo Carnaghi, representante de Unidad Ciudadana para la Victoria y ex secretario de Gobierno durante el periodo de Juan Carlos Fernández, asegurando que el mismo se encuentra acusado de los “delitos de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo” y “abuso de autoridad”.

El escrito, que corresponde al Legajo Número 18771/2016, fue enviado por el Jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio, al presidente de la Legislatura del Neuquén, Rolando Figueroa el pasado 24 de julio, ingresando recién este viernes.

Caratulado “Fiscalía de la IV Circunscripción s/ Investigación”, solicita “suspender su inmunidad y poner (a Carnaghi) a disposición de este Poder Judicial de la Provincia del Neuquén a fin de celebrar el juicio oral y público previsto por el artículo 102, párrafo segundo del Código de Procesamiento Penal”.

La causa

La causa por la cual se solicita el desafuero del Legislador Carnaghi corresponde a una denuncia realizada por el actual Ejecutivo Municipal a cargo de Brunilda Rebolledo, en junio de 2016.

La misma fue formulada a representantes de la gestión anterior, liderada por Juan Carlos Fernández, y a los miembros de la Comisión de Interpretación y Composición Paritaria (CIAP), entre ellos el Diputado, por considerar que algunas actas de la Comisión y artículos plasmados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) habían sido utilizados de manera inconstitucional, para otorgarse facultades no correspondidas, como aumentos de sueldo, gestión de adicionales y recategorizaciones, afectando el presupuesto municipal.

Fue solo algunos días después de la denuncia que el propio Carnaghi afirmó que desde la CIAP “actuamos legalmente y con transparencia”, reiterando que se había trabajado “en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo”, pese a que podían existir “posturas distintas”.

“Quiero rescatar que esto no es ilegal y que nosotros creemos que se actuó bajo ley”, había dicho también, aunque manifestando que, sobre el pago de adicionales no correspondidas “no había total claridad sobre la asignación”, por lo cual el tema “es opinable”.