La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió ayer por la mañana a representantes de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) y del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, en el marco del debate del proyecto para modificar el artículo Nº 108 del Código Procesal Penal, referido a la suspensión de juicio a prueba en casos de violencia de género.

24 Oct 2018
    

El proyecto, impulsado por el diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén), plantea modificar ese artículo del Código Procesal Penal para prohibir el instituto de la probation en casos de violencia de género. A partir del tratamiento del tema, el Ministerio Público Fiscal envió una nota a la comisión en el mes de septiembre donde  solicitan que no se prohíba la suspensión del juicio a prueba, dado que –explicaron- es una herramienta que permite dar una respuesta a la víctima, y proponen incorporar su consentimiento expreso e informado para la procedencia de la probation.

En representación de MuMaLa, Leticia Mazzuca, Cecilia Maletti y Carolina Espinoza plantearon que la posibilidad de incorporar el consentimiento de la víctima encendió una señal de alarma, en tanto puede estar condicionado por su situación de vulnerabilidad. Cuestionaron el rol de la justicia en el acceso de las mujeres a la reparación de situaciones de violencia de género e indicaron que la respuesta que reciben por parte del Estado “es ineficaz e ineficiente”. En ese sentido, remarcaron que las víctimas que llegan a la justicia lo hacen con un historial de violencias no visibilizadas y tras alcanzar un límite.

El presidente del Colegio de Abogados, Gastón Rambeaud, consideró que invalidar absolutamente la probation “no es bueno”. Se pronunció a favor de que “se le permita a la víctima intervenir e intervenir con su voluntad” y propuso que el consentimiento informado se realice ante el juez de Garantías. Agregó que el tránsito de la víctima por un proceso penal “es una revictimización” y advirtió que muchos casos derivan en la extinción de la acción penal por el paso del tiempo por lo que tampoco se les otorga a las víctimas una respuesta de calidad.

La directora del Instituto en Perspectiva de Género del Colegio, Celina Fernández, enfatizó que no todos los delitos pueden acceder a la suspensión del juicio a prueba y dijo que el 30% de los casos que ingresan a la Fiscalía de Género son tramitados dentro del proceso penal, de los cuales el 65% corresponde a procesos en contra de las mujeres (por impedimento de contacto, por ejemplo) y del 35% restante, sólo el 20% de las causas concluye en una sanción penal.

En otro orden, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) votó por unanimidad el despacho del proyecto que adhiere a la Ley Nacional Nº27.197, de Lucha contra el Sedentarismo, e hizo lo propio con la modificación de unos artículos de la ley provincial que adhiere a la Ley Nacional Nº26.588 que propicia la incorporación de medicamentos para las personas celíacas y establece la obligación de las instituciones y establecimientos comerciales a ofrecer alimentos o menú libre de gluten (sin TACC).

Estuvieron presentes los diputados Mario Pilatti, Sergio Gallia, Raúl Godoy, Jesús Escobar, Guillermo Carnaghi, Alejandro Vidal, Raúl podestá y Damián Canuto, y las diputadas María Laura du Plessis, Encarnación Lozano y Pamela Mucci.