QUIEREN QUE LES DEMOS LAS LLAVES DEL CONCEJO Y CERRARLO

La concejal de Villa La Angostura, Marta Cicconi, manifestó su “desazón y preocupación” por la imputación realizada por el juez por “desobediencia a una orden judicial” y sostuvo que “los argentinos no podemos rendirnos ante el atropello y el autoritarismo” que supone a intervención de un poder del Estado sobre otro.

“No hay lugar para claudicar. Cuando asumí mi responsabilidad como concejal lo hice con todos los riesgos que esto conlleva: controlar los actos de quienes están acostumbrados a la impunidad puede ser peligroso”, expresó Cicconi, legisladora del Pro.

La edil angosturense, junto a otros 5 concejales y el presidente del Deliberante, está acusada de no haber cumplido una orden judicial (que no fue debidamente notificada) que suspendía la sesión en la que se realizaría el juicio político contra el secretario de Hacienda (al momento del hecho) de esa localidad. “No quiero que quede como anecdótico en esa persecución política de la que soy víctima que acá hay graves actos contra el dinero de los vecinos. Eso se intenta ocultar con este circo con carpa y payasos”, indicó.

Daniel Brito, secretario de Hacienda, fue acusado por el cuerpo deliberativo, de manera unánime, por mal desempeño de sus funciones y fue destituido de su cargo el pasado 15 de enero. Se le imputó no informar sobre contrataciones varias (unos 4 millones de pesos) entre ellas la de Jimena Barón, y por maltrato y amenaza a empleados municipales, pero pidió una cautelar para que la sesión de enjuiciamento no se realizara.

Luego de la audiencia de formulación de cargos, Cicconi, acompañada por Nicolás Montero, abogado patrocinante, manifestó: “viendo cómo se manejan, parece que quieren que les demos las llaves del concejo y cerrarlo”.

Montero, por su parte, sostuvo que “hay precedentes en fallos nacionales y provinciales negando la viabilidad de la intromisión de una orden judicial en procesos de juicios políticos”.

Entre los argumentos que utilizaron para elevar los cargos, se mencionaron la lectura de información publicada en medio digitales locales y redes sociales, hecho que atribuye a un medio de comunicación la jerarquía de oficial de justicia capaz de notificar de una decisión de un juez.

“Lo cierto-aseveró Montero-es que todos los argumentos son tan endebles que se intenta acumular pruebas para desgastar a la concejal y hacer parecer que hay variados y suficientes hechos. Bien, esto es solo una simulación y va a quedar demostrado, que no pudieron probar la notificación fehaciente”.