ATE denuncia favoritismos inmobiliarios por sobre la ley de bosques

"Desde la renovación del gobierno provincial y confirmados los funcionarios de primera línea como subsecretario y ministro, se dieron algunos pasos llamativos respecto del cumplimento de la ley de bosques, sancionada por unanimidad por la legislatura provincial a fines del año 2011.

Es importante aclarar que la ley de bosques, entre otras cuestiones, impone restricciones al dominio, de acuerdo a la categoría de conservación que se trate, que impiden realizar determinadas actividades, fundamentalmente aquellas que impliquen desmontes, es decir perdidas de superficies de bosques, que comprometen la funcionalidad de los mismos. Esto es así porque la ley establece claras pautas de uso y conservación de bosques, y la urbanización descontrolada o el negocio inmobiliario, son uno de las grandes presiones a que están sometidos hoy en día nuestros bosques.

Este justamente, fue uno de los aspectos más cuestionados indirecta y directamente por algunos intereses vinculados al negocio inmobiliario en Villa la Angostura y en San Martín de los Andes. De estos reclamos se hizo eco oportunamente la subsecretaria de desarrollo económico a cargo de Javier van Houtte y consecuentemente, modificaron secretamente el proyecto de ley originalmente elaborado luego de dos años de trabajo por la Dirección de Gestión de Bosques Nativos (DGBN).

Específicamente pretendían forzar la ley, otorgándole a los municipios rango de autoridad de aplicación, de manera que pudieran aprobar proyectos sin pasar por el control provincial. Cabe acotar que hay proyectos inmobiliarios sumamente importantes en términos de inversión en Villa la Angostura que no serian compatibles con los objetivos y términos de la ley provincial 2780 y nacional 26331, al menos según los objetivos que se habrían conocido oportunamente.

Vale recordar además que el proyecto de urbanización sobre las márgenes del rio bonito, además de ser incompatible con los términos y objetivos de conservación de la ley de bosques, fue fuertemente cuestionado por un informe realizado por la UNC, solicitado por el entonces intendente municipal.

Resulta oportuno recordar que, los bosques nativos están jurídicamente bajo la tutela del estado provincial, tal lo consagra la constitución nacional respecto de los recursos naturales, y la provincial en particular para los bosques nativos. Y esto es así, porque la existencia de bosques y los beneficios que ellos brindan, constituyen un derecho inalienable de todos los ciudadanos, no solamente de los que viven en zonas con bosques.

Curiosamente, avanzada la gestión de gobierno, a principios de febrero se crea por decreto el consejo consultivo de villa la angostura y se designa por resolución ministerial a cargo del mismo al Sr. Mirabete. Mirabete se desempeñó hasta el año pasado como director de áreas naturales protegidas, donde fue denunciado en numerosas oportunidades por personal de esta dirección por los arbitrarios y turbios manejos de los recursos económicos y naturales que desarrolló en esta repartición…

Si bien la figura del consejo consultivo local se encuentra prevista en la ley provincial 2780, como un caso particular del consejo consultivo provincial creado mediante los artículos 51 al 53, se define en el articulo 54 textualmente “podrán conformarse consejos consultivos locales cuando la escala del proyecto lo amerite.” Claramente entonces, es una opción local, vinculada a un proyecto en particular, y de ninguna manera, con las atribuciones que el decreto 191 pretender otorgarle. Resulta entonces que dicho decreto avanza sobre funciones que la ley no prevé para estos consejos locales, al otorgarle al citado consejo atribuciones al nivel de autoridad de aplicación de la ley, situación que es grave y se encuentra rayando la ilegalidad,.

Curiosamente además resulta ser el único aspecto de la ley reglamentado.

Paralelamente es designado a cargo de la Dirección General de Recursos Forestales de la provincia al tec. Forestal Uriel Mele, pero sigue vacante el cargo de director de Bosques Nativos, organismo dependiente de la Dirección General citada.

A partir de la designación de Mele, los técnicos de la Dirección de Gestión de Bosques Nativos tomaron conocimiento que se estaría trabajando en un ámbito, (sin precisarse cual es) dependiente del mismo ministerio, en la redacción decreto reglamentario de la ley.

Hasta la fecha no se ha logrado, a pesar de solicitárselo al sr. Mele en reiteradas ocasiones, que el borrador de dicho decreto reglamentario sea remitido a la DGBN para su análisis y complementación, hasta el día de la fecha (principios de mayo) no hay novedades sobre reglamentación de ningún otro aspecto de la ley provincial 2780 aunque se nos informa que “se está trabajando en ello”.

Simultáneamente, se observan algunas acciones que se pueden interpretar como vaciamiento de la DGBN, no solo falta de recursos para combustible, caja chica o viáticos, sino que además, los contratos de personal que se financian con fondos nacionales en carácter de fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la ley de bosques, se han reducido, a pesar de los acuerdos con el personal originales y con el propio Mele, a 6 meses, venciendo en agosto.

Dichos contratos se tramitaban a través de la empresa CORFONE en función de un decreto que designa a dicha empresa como administradora de los fondos provenientes de la ley nacional, y son en carácter de relación de dependencia, es decir con, aguinaldo, vacaciones, aportes y obra social.

Las oficinas de la DGBN en San Martin de Los Andes, son alquiladas también con fondos de la ley, a partir de los fondos de fortalecimiento referidos, vence en noviembre, y se corre el riesgo que no se renueve.

Con los últimos párrafos, se pretende graficar, junto con otros acontecimientos que están sucediendo, la clara intención de reducir a su mínima expresión a la DGBN, cuyo personal realizó todo el trabajo de ordenamiento territorial de bosques, y propuso el proyecto de ley que finalmente se votó por unanimidad en la legislatura de la provincia.

Cuando se realizaron algunos planteos sobre las cuestiones que están sucediendo vinculadas a la aplicación de la ley y de la situación de los contratos, la única respuesta obtenida fue que los contratos se redujeron a 6 meses venciendo el 31 de agosto y no por un año como estaba previsto presupuestariamente.

En síntesis, entendemos que hay una decisión tomada de facilitar ciertos proyectos reñidos con la Ley de Bosques, y para ello es necesario disciplinar a la DGBN o bien, reducirla y controlarla, o finalmente eliminarla y reemplazarla por alguna otra instancia técnica que cubra la formalidad pero no observe ni cuestione.

Todo esto ocurre con la connivencia del sr. Uriel Mele a cargo de la Dirección General.

Mientras se vacía de contenido y medios a la Dirección de Gestión de Bosque Nativo, no se designa un director, se acortan los contratos del personal, la provincia solo paga el teléfono de la oficina; y simultáneamente, sí hay recursos para poner en funcionamiento un consejo consultivo en Villa la Angostura, para facilitar los proyectos inmobiliarios, y alguna instancia secreta trabaja en la reglamentación de la ley. Todo indica que no se busca cumplir y hacer cumplir la ley sino todo lo contrario.”