SAN MARTÍN Y JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial elevó a juicio una causa iniciada en 2010 por el presunto delito de peculado en perjuicio de la provincia.

30 May 2012
    

Es en contra del entonces administrador del Registro Nacional de Propiedad Automotor de San Martín de los Andes, Fernando Romero. La maniobra imputada involucra una cifra superior a los 2.600.000 pesos.

Así trascendió ayer en fuentes tribunalicias, que confirmaron la conclusión de las actuaciones del ministerio público fiscal con el apuntado pedido de elevación a juicio, que se llevará a cabo en fecha a definir en las instalaciones de la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes.

Romero fue imputado por una acción consistente en retener a los contribuyentes el importe del impuesto de Sellos por sus distintas operaciones en el Registro del Automotor de San Martín de los Andes, pero depositando luego una cifra inferior a la realmente percibida.

La maniobra se habría consumado a lo largo de dos años, al estilo de una verdadera "modalidad hormiga", y la diferencia entre lo depositado y efectivamente percibido alcanza los 2.696.000 pesos, según se informó por entonces, cuando se le concedió a Romero la eximición de prisión con una caución real de 100.000 pesos.

En rigor, el dinero faltante conforme los comprobantes de Sellos fue de 1.790.000 pesos, pero se sumaron otros 906.000 pesos surgidos de actualizaciones aplicadas por los peritos, con lo cual el perjuicio concreto al estado provincial fue justipreciado en 2.696.000 pesos en el auto de elevación.

La propia Dirección Provincial de Rentas detectó el faltante y dio cuenta a la Fiscalía de Estado, que a su vez dio curso a la denuncia ante los tribunales de Junín de los Andes, cuya jurisdicción para el fuero penal alcanza a San Martín de los Andes.

A su turno, el ministerio de Justicia de la Nación dispuso la intervención de las oficinas locales del Registro Automotor, enviando una funcionaria para hacerse cargo de esa misión, y a varios inspectores para realizar pericias administrativas, sin perjuicio de las actuaciones que dispuso la justicia Penal y que concluyeron con la apuntada elevación a juicio.

Fernando Romero es hijo de la exdiputada justicialista Norma Miralles, y hermano de otro referente de ese partido y actual legislador por el partido Nuevo Neuquén, Gabriel "Tom" Romero.

Los registros son públicos pero al frente de ellos hay responsables, que deben hacerse cargo de obtener y mantener instalaciones, y de contratar al personal. A cambio, reciben una parte de lo que cobran por los trámites (no de la recaudación de impuestos como agente de retención).

Fuente: Fuente Río Negro