La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por "el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras".

21 Nov 2021
    

En pasado viernes se publicó el Decreto 805/2021 por medio del cual se prórroga por tercera vez la Ley de Emergencia nro. 26.160. Tal como es de público conocimiento, hemos manifestado nuestro total rechazo a dicha prórroga en varias oportunidades, por considerarla contraria a las razones de emergencia por las que fue sancionada en el año 2006. Lejos de resolver los conflictos existentes, lo único que produjo esta dilación constante en el tiempo es que los mismos se intensificaran, generando una indefinición jurídica que engendró hechos cada vez más violentos en nuestra región patagónica.

 

El gobierno, lejos de atender estos reclamos de la sociedad y de organizaciones de vecinos, deportivas, de turismo, ambientales y económicas como las que representa la Mesa Consenso Bariloche, resolvió mediante una medida precipitada y unilateral esta extensión, desoyendo las opiniones de quienes sí padecen día a día y en primera persona las consecuencias de un Estado ausente.

 

Durante 15 años esta ley se ha utilizado como justificativo para que algunos grupos de delincuentes usurpen tierras públicas y privadas, a través de hechos vandálicos y violentos, sembrando tensión, pánico e incertidumbre. La prórroga impuesta no hará sino replicar y exacerbar este accionar, con consecuencias imprevisibles para la vida en comunidad, la actividad turística en la que se cimienta gran parte de la economía de la región y la posibilidad de proyectar un futuro en el lugar donde nacimos, vivimos y formamos nuestras familias.

 

Además, la distorsión interpretativa de la ley que hacen los jueces a través de sus sentencias ha generado un clima de tensión social creando un quiebre permanente del estado de derecho, atentando contra instituciones básicas de la sociedad civil e instaurando un conflicto en escala que transgrede la paz social por el progresivo avasallamiento de garantías y derechos constitucionales de vecinos, turistas y demás personas que habitan y circulan por nuestra ciudad y la región.

 

Instamos a los diputados de la Nación a ejercer con responsabilidad el cargo para el que fueron elegidos y no convalidar el decreto de prórroga de la Ley 26160.