Despacho para agregar obras a ley que le habilitó a la provincia un financiamiento internacional

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho unánime al proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa que incorpora obras al anexo de la ley 3434 que autorizó la obtención provincial de un financiamiento por hasta 500 millones de dólares. El dictamen continuará su tratamiento en la reunión de Hacienda y Presupuesto, prevista para esta tarde. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad), habilitó –por mayoría- el pase al recinto de los pliegos de designación de Mauricio Macagno y Estefanía Sauli para integrar el Tribunal de Impugnación de la provincia.

Al informar el alcance del proyecto elevado por el Ejecutivo provincial, Francisco Lépore (Avanzar) dijo que el objetivo es incorporar la ampliación del sistema de agua potable de Chos Malal y la ruta provincial 62 -de acceso a Lolog- para que el gobierno emita luego el correspondiente decreto con todas las obras que contempla el anexo de la ley 3434 a fin de hacer efectivo el crédito.

Agregó que los créditos de los organismos multilaterales se componen con una parte “dura”, asociada a la infraestructura, y otra “blanda”, vinculada a controles, auditorias, capacitaciones, etc. Estos últimos deben figurar en el paquete del crédito más allá de qué parte de la financiación la afronte la provincia y qué parte lo haga el ente crediticio para que, en este caso, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) autorice el crédito en su conjunto. La ley original no contempló dicha composición y por tal motivo es necesario discriminarla e incluir tales “contenidos blandos”, según los denominó el legislador.

Las objeciones a la medida recayeron sobre la “arbitrariedad” de las obras alcanzadas, según dijo Andrés Blanco (PTS-FIT-U), y sobre la concreción de un endeudamiento provincial para cubrir inversiones que paralizó el ejecutivo Nacional, según consideró Darío Peralta (UxP).

Al momento de la votación, el despacho obtuvo unanimidad al ser votado por los bloques DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Hacemos Neuquén, Juntos, Avanzar, JxC-UCR y Neuquén Federal.

Pasan al recinto pliegos de postulantes para el Tribunal de Impugnación

Tras la entrevista de rigor que el cuerpo realiza a los candidatos y candidatas a ocupar cargos judiciales que ganan los concursos en el Consejo de la Magistratura, los diputados y las diputadas votaron el pase al recinto de los pliegos de Mauricio Macagno y de Estefanía Sauli.

Durante el intercambio con los y las integrantes de la comisión, Macagno –quien actualmente se desempeña como defensor público- se refirió a la desfederalización del narcomenudeo y opinó que “Neuquén llega cuando otras provincias se lo quieren devolver a Nación”.

Consultado sobre su opinión sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad, Macagno tomó como referencia observaciones del Comité de los Derechos del Niño que indican que no se puede sostener una imputabilidad menor de 15 o 16 años. Enfatizó también que “en materia de Derechos Humanos tenemos que ir adelante, nunca para atrás” y, en esa línea, aclaró que no se puede disminuir la franja etaria de imputabilidad, tras mencionar que no hay estadísticas que justifiquen la medida que se quiere implementar. En ese sentido, señaló que se trata de una iniciativa “espasmódica” que no cuenta con un análisis de la situación.

Al referirse a la situación carcelaria de Neuquén, manifestó que la provincia “está sobrepoblada de detenidos” y, si bien resaltó la reinauguración del pabellón 7 en la U11, estimó que está “150 plazas debajo de lo que deberíamos tener”. Planteó que una de las funciones de los jueces y juezas es controlar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad y puso como ejemplo prácticas implementadas por Colegios de Jueces de otras provincias que implican visitas a las unidades de detención para hacer esos controles.

A su turno, Sauli –que actualmente es jueza de garantías- consideró que el Código Procesal Penal de la provincia no necesita mayores modificaciones y se pronunció a favor de sostener la “mayoría agravada” en los juicios por jurados.

En cuanto al proyecto de baja de imputabilidad que se impulsa a nivel nacional, señaló que las estadísticas en Neuquén son bajas y mencionó que menos del 2% de los delitos de la provincia tienen participación de menores de edad. Comparó las edades de referencia que se adoptan en otros países de América Latina y sostuvo que Argentina es la que mayor edad tiene en cuanto a la imputabilidad. Afirmó que la reforma que se plantea es “muy importante” y “va a tener sus efectos si va de la mano de generar establecimientos especializados” que brinden herramientas pedagógicas, culturales y deportivas.

Consideró que para algunos delitos graves como homicidios, podría analizarse bajar la imputabilidad “siempre y cuando esto vaya de la mano de que el menor reciba el tratamiento adecuado” y remarcó que “bajar la edad a 13 me parece una edad demasiado baja”. Por otro lado, sostuvo que la desfederalización del narcomenudeo es “una buena decisión”.

En otro orden, el cuerpo emitió despacho también al proyecto que faculta al Ejecutivo a descontar de los haberes las deudas vencidas que los funcionarios públicos tengan con el Estado.