30 Ago 2024
    

Ante recientes cuestionamientos por parte de una diputada provincial sobre la legalidad de los dispositivos de control de tránsito, la Municipalidad de San Martín de los Andes desea aclarar que todos sus controles automatizados son absolutamente legales.

Los controles de velocidad máxima permitida instalados en la Avenida Callejón de Bello, a la altura del 300, cumplen rigurosamente con todas las exigencias, certificaciones y homologaciones necesarias. Esto garantiza que las infracciones detectadas por este radar son plenamente válidas y se encuentran dentro del marco legal.

Es importante subrayar que resulta un grave error suponer que un radar ubicado en una calle interna, y no en una ruta nacional, requiera una autorización de uso por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En relación a los dispositivos de control de cruce de semáforo en rojo, instalados en Ruta Nacional 40, frente a las escuelas CPEM N° 28 y N° 86 en Vega Maipú, cabe destacar que estos tampoco requieren autorización de la ANSV, cuya competencia se limita a la autorización de cinemómetros en rutas nacionales.

La instalación de estos dispositivos en puntos críticos forma parte de la estrategia integral que busca abordar la compleja problemática de la seguridad vial en nuestra ciudad, utilizando herramientas aprobadas por los organismos fiscalizadores competentes. Así lo ha señalado la Dirección General de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

En cuanto a las medidas preventivas, la Dirección informa que se continúa avanzando de manera sostenida en el plan de despliegue de actividades educativas y de concientización ciudadana. Estas iniciativas buscan fomentar conductas responsables al conducir, con el objetivo de prevenir infracciones y evitar accidentes graves derivados del incumplimiento de las normas de tránsito.

El Municipio ha exhibido suficiente información sobre este tema para evitar, precisamente, denuncias y apreciaciones que generan preocupación y dudas en la comunidad. También ha remitido información -y lo seguirá haciendo- a cada actor social o institucional que la solicite.