Escándalo institucional: La Contraloría denunció penalmente al Municipio por una transferencia millonaria "no declarada"

La tensión política en el Palacio Municipal escaló a niveles judiciales este jueves, luego de que la Contraloría Municipal formalizara una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo por presuntas irregularidades graves en el manejo de fondos públicos.

Según la presentación realizada ante la Fiscalía, el foco del conflicto es una transferencia de aproximadamente 120 millones de pesos destinada a la empresa Expreso los Andes, concesionaria del transporte público.

La "ruta del dinero" bajo la lupa

La acusación de la Contraloría se basa en una auditoría que habría detectado que dichos fondos no siguieron el circuito administrativo tradicional. El punto más crítico de la denuncia sostiene que el dinero salió de una cuenta bancaria (o billetera virtual) no declarada oficialmente en la contabilidad del Municipio.

Para el órgano de control, esta maniobra constituye una violación a los procedimientos de transparencia y administración financiera del Estado. Argumentan que, al no estar la cuenta debidamente "identificada" en los balances previos, se imposibilita el rastreo claro del origen y destino de los caudales públicos.

Posibles delitos

Si bien la calificación legal final dependerá del Fiscal interviniente, la denuncia apunta a figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos.

El texto de la denuncia sugiere que, más allá de que el destino final del dinero haya sido el pago del transporte (algo que el Ejecutivo defiende como urgente), el mecanismo utilizado para mover la plata "por fuera" de los canales habituales es ilegal. Esta acción judicial marca un quiebre en la relación entre el ente fiscalizador y la administración del intendente Saloniti, abriendo un capítulo judicial que podría tener consecuencias políticas inmediatas.