Saloniti respondió a los seis cargos del pedido de juicio político

San Martín de los Andes atravesó este jueves una jornada clave para la política local. Desde las 9, el intendente Carlos Saloniti se presentó ante el Concejo Deliberante para realizar su descargo en el marco del procedimiento de juicio político iniciado a partir de una presentación formulada por la vecina Valeria López Oronoz. La Sesión Especial N° 1 fue convocada específicamente para escuchar al jefe comunal, a pedido del propio mandatario, y permitirle responder los puntos incluidos en esa presentación.

Un operativo inusual en la previa

Desde temprano, las inmediaciones del Concejo Deliberante mostraron un escenario poco habitual para una jornada legislativa. Se montó un importante operativo policial en el sector y se procedió al corte de la calle Tte. Cnel. Pérez, una decisión que generó sorpresa entre quienes se acercaron a la zona. El despliegue se dio en el marco de una sesión que el propio cuerpo legislativo había decidido realizar sin presencia de público dentro del recinto, aunque con transmisión en vivo para garantizar su publicidad.

Casi cuatro horas de descargo

El jefe comunal utilizó casi cuatro horas para referirse a los seis cargos incluidos en la denuncia: el sistema de saneamiento y su relación con el Lago Lácar; la deuda municipal con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN); los controles sobre las obras del Cerro Chapelco; una supuesta obstrucción a la Contraloría Municipal; un presunto desacato a una medida cautelar vinculada al Convenio Colectivo de los trabajadores municipales; y la falta de participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Saloniti llegó acompañado por integrantes de su gabinete y llevó al recinto documentación encarpetada y colocada en cajas —expedientes, antecedentes administrativos y datos técnicos— con la que, según su propio relato, refutó punto por punto los argumentos de la denunciante. Una copia de ese material quedó a disposición del Concejo Deliberante. Dentro del recinto, además de los concejales, estuvieron presentes el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, y el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce. Fuera del edificio se reunieron representantes de los sindicatos ATE y UTA, comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y entidades de culto.

Los seis puntos del descargo

Sobre el sistema cloacal y el Lago Lácar, el intendente sostuvo que "la Cooperativa de Agua Potable aclaró públicamente el 19 de mayo que nunca había diagnosticado un colapso general del sistema" y detalló inversiones provinciales y municipales por casi 1.552 millones de pesos destinados a las plantas de tratamiento, entre ellas un aporte no reintegrable de $128.063.423,28 recibido por la Cooperativa en agosto de 2025 y un presupuesto de $951.636.140 proyectado para un filtro de tratamiento terciario vinculado al desarrollo del barrio Aitue.

Respecto de la deuda con EPEN, explicó que el desequilibrio en el mecanismo de compensación vigente desde 2006 "se hizo mucho más fuerte" durante 2025, entre otras razones por el incremento de tarifas eléctricas y el crecimiento del alumbrado público. Precisó que de los 286 suministros existentes, 150 corresponden a alumbrado público y que, de los 82 suministros incorporados durante su gestión (desde diciembre de 2019), la mayoría están vinculados a bombas, plazas, espacios públicos y viviendas, y no a una "expansión burocrática". Sobre los suministros ligados a situaciones sociales, remarcó: "detrás de un número, puede haber una familia, una asistencia otorgada hace años o una situación que requiere intervención de Desarrollo Humano".

En torno a la medida cautelar y el Convenio Colectivo, diferenció discutir la constitucionalidad de una norma de desobedecer una orden judicial, y afirmó: "Puedo sostener jurídicamente que una norma es constitucional y, al mismo tiempo, cumplir una resolución cautelar que suspende provisionalmente sus efectos".

Sobre las obras del Cerro Chapelco, distinguió el expediente municipal de la playa de estacionamiento —donde, según su relato, el Municipio paralizó trabajos no autorizados el 30 de enero y luego el Concejo Deliberante aprobó la Factibilidad Ambiental mediante la Ordenanza N° 15.593/26— de las obras de mayor escala (nuevo medio de elevación, cañones de nieve, reservorio de agua y líneas eléctricas), cuya licitación y adjudicación, sostuvo, correspondieron a la órbita provincial.

Sobre la Contraloría Municipal, indicó que las notas recibidas "han sido contestadas en su enorme mayoría", mientras que otras permanecen en evaluación por las áreas correspondientes.

Finalmente, sobre la participación ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial, sostuvo que durante cuatro semanas funcionaron once comisiones temáticas con participación de colegios profesionales, prestadores de servicios, juntas vecinales, cámaras empresarias y concejales, y que la audiencia pública exigida por la Carta Orgánica se realizará al momento de tratarse el proyecto de ordenanza correspondiente.

"Rigor" antes que atribución de conductas

En un pasaje central de su exposición, Saloniti pidió: "No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye". Y agregó: "Sé que muchas veces los vecinos están cansados. Quien espera una calle, una vivienda, una cloaca, una respuesta o una solución ambiental no quiere escuchar hablar de competencias y expedientes. Quiere una solución. Lo comprendo".

Hacia el cierre, el intendente afirmó: "No reivindico una gestión perfecta. Reivindico una gestión que trabaja, que gestiona, que corrige, que busca recursos y que asume responsabilidades", y remató: "Confío en las instituciones de San Martín de los Andes (...) Gobernar no es prometer que no habrá problemas. Gobernar es enfrentarlos".

Lo que viene: la definición el 10 de septiembre

Tras la exposición, el Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio, al cabo del cual deberá evaluar los pasos a seguir. La presentación del intendente no implica por sí misma su destitución ni define el resultado del proceso: se trata de una instancia prevista por la Carta Orgánica Municipal para garantizar su derecho de defensa. Según lo informado por la Presidencia del Concejo, la decisión sobre la continuidad del procedimiento será puesta a consideración del cuerpo en la Sesión Ordinaria del jueves 10 de septiembre. La normativa municipal establece que avanzar con el juicio político requiere una mayoría especial de dos tercios de los integrantes del Concejo, es decir, 8 de los 11 concejales.