“Las políticas sociales son una inversión”

José Luis Espinar es abogado, y desde hace tres años desempeña el cargo de Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente en la circunscripción IV, que abarca las ciudades de Piedra del Águila a Villa la Angostura pasando por Junín y San Martín de los Andes y las comunas de Villa Traful y Santo Tomas, más las zonas rurales.

Sus funciones están fijadas por la Ley 2302 (ver recuadro) y hasta hace poquito, que nombraron a un defensor adjunto, estaba solo, junto a una psicóloga, una trabajadora social, 2 administrativas y un administrativo, pocas personas, “pero muy eficientes y de gran corazón, con la sensibilidad y aplicación que se requieren para cumplir tan noble función”, según nos cuenta Espinar. Este pequeño equipo de trabajo atiende  una gran área geográfica que abarca a más de 60.000 personas.

El abogado añade: “La defensoría trabaja para que se garanticen los derechos de los niños y los adolescentes, tratando tanto situaciones individuales como las que tienen que ver con la incidencia de tipo colectivo, llámese recursos de amparo o medidas autosatifactivas;  y la función abarca no sólo el ámbito judicial, sino también el ámbito administrativo. Esto es lo que tiene que ver por ejemplo con la ‘no judicialización de la pobreza’, haciendo todas las actuaciones que nos permitan encontrar una solución a los problemas, y sólo en última instancia, judicializarlos”.

En dos meses, los de noviembre y diciembre pasado, desde la defensoría se realizaron 281 consultas y asesoramientos, logrando que se judicialicen sólo 6 casos, lo que indica los buenos resultados de su labor. Fueron 219 dictámenes de intervención por la Ley 2302, 228 notificaciones, 165 cédulas y oficios, 39 audiencias en juzgados de familia, 30 audiencias como querellante, 7 audiencias con cámaras gesell y 5645 kilómetros recorridos. Será por eso que Espinar habla rápido, con pasión y para atendernos se hizo un rato entre el juzgado y una visita al Hospital por un caso que está siguiendo de manera articulada.

“A nosotros nos  envían informes de Desarrollo Social, de las escuelas, del hospital, pero también denuncias que se hacen en la Comisaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y la Familia y están las que se dan de manera espontánea. Las denuncias nos llegan a nosotros y a la autoridad de aplicación de la ley 2302, que en nuestra ciudad es la Secretaría de Desarrollo Social, a través de un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Si es una situación urgente hay que actuar en el momento. También actuamos como querellantes en todas las causas penales en que hay abusos sexuales sobre la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes”, explica José Luis.

Periodista: ¿Qué significa judicializar un caso?

J.L. Espinar: Judicializamos cuando hay un cambio en la situación jurídica del niño. Por ejemplo, si decimos que hay un niño que está sufriendo maltrato, violencia o abusos, nosotros tenemos que ver si se queda en la casa con algún integrante de la familia que lo pueda proteger, o bien sacarlo de la vivienda. Si lo sacamos de la vivienda estamos alterando la condición jurídica, porque estamos sacándolo en contra de la voluntad de los padres o de quien sea la persona responsable en ese momento. Si lo dejamos en la casa, también tenemos que hacerlo con la intervención de un juez porque tendremos que sacar a aquel que sería violento.

Siempre se trata de que la autoridad de aplicación, en muchas ocasiones acompañada por el Sector Psicosocial del hospital local en lo atinente a los tratamientos psicológicos,  brinde a través de sus profesionales, programas y medios, los elementos y las soluciones que requieren las familias en crisis. Se busca ayudar a los niños sin entrar en la judicialización. Ahí está el rol del Estado. No judicializar la pobreza implica tomar medidas de apoyo a la familia que, para la ley 2302, sigue siendo lo más importante. Y sólo, en contadas situaciones muy extremas, puede dejarse de lado a la familia.

Judicializar es dar intervención a un Juez. Mientras intervengamos desde la Defensoría es como que no estamos judicializando, aunque pertenezcamos al poder judicial. Realizamos una serie de actuaciones de las que el Juez no se entera. Si nosotros como equipo de trabajo no logramos resolver un problema agotando todas las instancias a nuestro alcance lo tenemos que judicializar. En ese caso le pedimos a la Juez que  ordene medidas ella. Yo también puedo poner medidas y después pedir que me las ratifique la juez.

-Periodista: ¿El Estado puede ser proactivo en el cumplimiento de los derechos?

-J.L. Espinar: Concretamente tengo un caso de una Escuela de un paraje que está dentro del juzgado de Villa La Angostura, que se comunicó porque siete chicos de zona rural, al no tener transporte no tenían clases. Le enviamos un oficio al Ministerio de Educación para que en el término de 24 horas implemente un transporte y posteriormente llamamos a la Dirección de Escolaridad Rural donde me aseguraron que ya se iba a implementar. Les dije que de todas maneras iba a presentar la medida porque no podía estar esperando que se implemente el transporte para los chicos que estaban sin clases. A los 15 minutos me llama la representante legal del Ministerio de Educación y me dice que ya tienen el transporte. En esa charla hablamos justamente esto, cómo podemos hacer para que el Estado tenga una política de previsión. Porque esto es cíclico, cada vez que comienzan las clases se presentan los mismos o similares problemas.

Así me comprometí a mandar un oficio con todas las situaciones que tenemos durante la primera etapa del año y voy a evaluar qué se hizo hacia fin de año. La idea es no llegar al último día, sino ver cómo podemos hacer para intimarlos a ocuparse o, de lo contrario, recurrir a realizar una acción judicial

¿Por qué estamos acostumbrados a que se haga recién cuando alguien exige judicialmente? También pasa en la municipalidad y en otras instituciones de gobierno. Ante una serie determinada de problemas se patean hacia adelante las soluciones. Si pasa la gestión le queda al que viene. Ahora, cuando se plantea judicialmente, recién ahí se toma la decisión de hacerlo. Esto es muy perverso, porque esa inacción perjudica a los chicos, tornando  en letra muerta la premisa fundamental que debe guiarnos, que es hacer realidad  EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.

-Periodista: ¿Hay alguna tendencia de casos en adolescentes?

-J.L. Espinar: No podría mencionar cantidad de casos, pero sí tenemos situaciones en las que nos han dicho “que no saben qué hacer con los hijos”. Chicos desde 13 a 16 años que se van y nos dicen “no lo podemos retener”. Pero para llegar a esta situación hay todo un camino recorrido en el cual no se establecieron límites, en el cual no se le dio la contención necesaria; y dentro de esto tenemos a los chicos en conflicto con la ley penal. ¿Cómo hacemos para abordarlos, para llegar a ellos, para sacarlos de esa situación? En este momento, esta situación es un motivo de preocupación. Una de las cuestiones sería decir, por ejemplo, ¿qué programas podemos implementar para ellos?  ¿Qué hay para la juventud? ¿Qué hay acá? Y si encima lo que hay lo boicoteas!

Yo creo que es importantísimo pensar en qué salida le vamos a dar. ¿Cuál es la visión a futuro? ¿Qué los motiva? La chatura es muchas veces porque no tienen motivaciones o incentivos. La clave es pensar en  la prevención.

Un tema que me preocupa mucho y que lo hablé con gente de distintos estamentos, es  qué hacer con la droga. Porque es un tema que lamentablemente está presente. Una persona me dijo: “vos agarrás a estos cuatro o cinco que venden y van a aparecer diez más”. Entonces hay que actuar con la prevención. ¿Cómo actúas con la prevención si no generas los espacios?

El tema de las orquestas representa perfectamente esto ¿Cómo le vas a sacar a los chicos esto? Participar de una murga, tocar un instrumento. ¿Qué más libertad para los chicos que tocar un instrumento, elevarse a través de él? Eso genera espíritu de solidaridad, ayudar al otro y no hundirlo, vamos juntos y a la par.

La pérdida de la solidaridad, la pérdida de la autoridad. No la autoridad soportada en la violencia. A mí me quedó una frase que dijo una vez un profesor, el Dr Negri: “el respeto es considerar al otro tan libre e igual a uno”. Los adolescentes merecen este respeto y deben ser escuchados porque son sujetos de derecho, no son cosas, no son objetos.  A partir del año 89 la convención de los derechos del niño determina que son sujetos de derecho. Tenemos que pensar que lo que se aplica no es un gasto. Las políticas sociales son una inversión.

El equipo de la Defensoría está compuesto por administrativos y profesionales. Los primeros muchas veces son los que atienden (escuchan) telefónica y personalmente a la gente, en muchas ocasiones tratando de tranquilizarlas antes que las atiendan los profesionales, o en otras oportunidades, para derivarlas por no ser de su incumbencia.

Los administrativos son Inés Fernández, Silvia Cuevas y Walter Vranken. Los profesionales son el defensor adjunto Lucas González, la psicóloga Fabiana Renkine y la Trabajadora Social Adela Pincheira. Juntos forman el equipo que conduce el defensor José Luis Espinar.

Fuente: http://infanciayadolescenciasma.blogspot.com.ar/