“En este contexto de crisis se realza lo que contempla esta ley en beneficio sobre todo de
los inquilinos, el eslabón más débil de la cadena y aporta equilibrio al mercado
inmobiliario”, señaló la diputada nacional Alma Sapag al votar en forma positiva el proyecto
de ley de alquileres en la sesión de hoy.
“De esta manera -recalcó- buscamos garantizar el acceso y la estabilidad del inquilino en el
ejercicio de su derecho a acceder a una vivienda digna, hasta tanto podamos cumplir con
el mandato constitucional y el imperativo político y ético de que cada argentino sea
propietario de su vivienda.”
“Asimismo, los propietarios, que son quienes invierten -agregó la legisladora del
Movimiento Popular Neuquino (MPN)- también se van a beneficiar ya que se reducen las
posibilidades de tener sus viviendas sin alquilar y sin producir renta. Por su parte, las
inmobiliarias no verán disminuido su trabajo en el marco de un mercado más justo, por lo
que esta ley además del apoyo de las asociaciones de inquilino tiene el visto bueno de la
Cámara Inmobiliaria Argentina. Porque todos debemos comprender que si quienes deben
alquilar no tienen la oportunidad ni la posibilidad de hacerlo, se perjudican todos.”
Al referirse al diagnóstico de la situación actual, la diputada neuquina expresó: “Es grave el
problema habitacional que tenemos en el país. El déficit habitacional que padece la
Argentina afecta a una de cada tres familias. Son más de 4 millones los hogares con
problemas de vivienda. La baja inversión del Estado, más el fracaso de los créditos UVA
que debido a la alta inflación perjudicó a las familias tomadoras, han hecho que la
posibilidad de acceso a una vivienda propia se tornara cada vez más inalcanzable. Con
aumentos de un 40% a la hora de renovar un contrato, ajustes semestrales del 20% y la
exigencia de garantías propietarias, también se dificulta a muchas familias la posibilidad de
alquilar una vivienda.”
“Celebro que estemos aprobando el día de hoy este proyecto que contempla: la extensión
de los contratos a tres años, la actualización anual basada en un promedio del aumento de
salarios e inflación, el depósito de solo un mes de alquiler, que las expensas
extraordinarias sean abonadas por los propietarios y un nuevo sistema de garantías.”
“Con esta iniciativa nos estamos ocupando del goce de un derecho básico como es el
acceso a la vivienda digna, lo que junto con el derecho a la alimentación, constituyen la
base sobre la cual se construye la integridad física y mental de las personas y sus familias.
Habitar una vivienda digna y vivir en un ambiente satisfactorio, constituye una de las más
importantes aspiraciones de una familia. Y es un deber constitucional del Estado promover
políticas y estrategias con el objetivo de satisfacer este derecho”, expresó la diputada Alma Sapag.