Se cumplen hoy seis meses del asesinato del policía neuquino José Eduardo Aigo, quien trabajaba en la División Rural y Tránsito de la ciudad de Junín de los Andes.

07 Sep 2012
    

El 7 de marzo pasado, el sargento mapuche fue abatido salvajemente, en manos de guerrilleros chilenos, en proximidades del paraje Pilo Lil, a 50 kilómetros de San Martín de los Andes. En el hecho también estuvo involucrado Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de dicha ciudad.
Pasaron ya 183 días desde aquella fatídica madrugada, pero todavía no sólo no se esclarece el caso, sino que tampoco se pudo dar con el paradero de los asesinos Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, de origen chileno.
La causa estuvo signada por muchas irregularidades desde el primer momento, por lo que hace ya tres meses fue apartado el juez Joaquín Cosentino de la misma, con pedido de juicio político por parte de la familia debido a su mal desempeño, sobre todo en momentos apremiantes para el esclarecimiento del hecho, y por falta de imparcialidad en la investigación de este homicidio. Quien fue designado para seguir con la causa es el juez Andrés Luchino, quien continúa al día de la fecha.
Muchos interrogantes se presentan, no sólo para la familia, sino también para una comunidad entera. ¿Qué hacían los guerrilleros chilenos a altas horas de la madrugada por un paraje rural?  ¿Qué hacía el hijo del intendente con ellos? ¿Adónde se dirigían? ¿Venían usualmente a la zona? ¿Por qué llevaban armas?
Nada se puede saber, ya que Fernández quedó en libertad cuando todavía el policía ni siquiera había sido enterrado, y los asesinos siguen prófugos y no se sabe absolutamente nada de ellos. Hermetismo total.
La familia sigue luchando incansablemente como desde el primer día, reclamando no sólo justicia sino también el esclarecimiento del hecho para lograr saber que hacían estas personas en la zona.
Los familiares fueron recibidos por el jefe de Policía Raúl Laserna, por el ministro de Seguridad Gabriel Gastaminza, por el gobernador de la provincia, Jorge Sapag, y hasta por la señora presidenta Cristina Fernández, pero siguen sin respuestas, aunque si recalcan que “el único que no ha cerrado las puertas a nuestro pedido de justicia es el gobernador de nuestra provincia”.
Fernández, quien manejaba la camioneta la noche del brutal asesinato, “no sólo sigue libre, sino que hasta da charlas en la Municipalidad de San Martín de los Andes”, comenta la familia.
¿Qué pasa que no se sabe absolutamente nada?
José Eduardo Aigo era un policía trabajador, muy querido por toda la comunidad, esposo y padre de dos hijos. La familia y la comunidad de Junín de los Andes repudian este hecho enérgicamente y reclaman el esclarecimiento del hecho, que se encuentre el paradero de los asesinos y que la justicia recaiga sobre ellos con todo su peso.
¡La familia necesitamos que los jueces trabajen para obtener justicia! ¡La familia necesitamos que se investigue absolutamente todo!
¡José Eduardo Aigo, presente! ¡Ahora y siempre!
 
Familia Aigo-Soto

Nota: www.lmneuquen.com.ar