En una respuesta contundente que busca frenar la escalada judicial planteada por la Contraloría Municipal, la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio negó "categórica y rotundamente" las acusaciones sobre irregularidades en el manejo de los fondos del transporte urbano.
El conflicto se centra en una denuncia penal anunciada por el organismo de control, que cuestionó transferencias a la empresa prestataria y la existencia de una cuenta bancaria supuestamente no declarada.
La polémica "cuenta no identificada"
Desde la cartera económica aclararon uno de los puntos más sensibles de la denuncia: la cuenta en cuestión. "La referida cuenta fue abierta de manera legal, específicamente para el Fondo Afectado, a nombre del Municipio... para que el contribuyente tenga otro medio de pago", explicaron. Se trata, en concreto, de una billetera virtual creada para facilitar la recaudación, movimiento del cual —aseguran— tenían pleno conocimiento las áreas de Contaduría y Tesorería, cumpliendo con toda la legislación vigente para este tipo de instrumentos financieros.
La danza de los millones: cuánto cuesta mover los colectivos
Para contrarrestar la narrativa de un manejo discrecional, el Ejecutivo puso sobre la mesa los números finos del sistema de transporte, exponiendo el esfuerzo fiscal que realiza la comuna para sostener el servicio:
120 millones de pesos: Transferidos a mediados de diciembre en concepto de estacionamiento medido (Ejercicio 2025).
1.850 millones de pesos: Aportados por el Municipio con recursos propios entre enero y diciembre de 2025.
1.600 millones extra: Provenientes de recaudación específica (casinos, multas, tasas de combustible y antenas).
"El costo mensual de transporte público es, en promedio, de $600.000.000, con una base de 92.000 kilómetros recorridos", detallaron desde Hacienda. De ese total, el Municipio cubre cerca de $200 millones mensuales de su propio bolsillo, mientras que el resto se completa con la venta de pasajes y los fondos afectados mencionados.
Defensa de la gestión
El comunicado oficial recalca que no hubo "mal uso de recursos ni faltantes" y que las transferencias se realizan de manera "mensual e incluso semanal" para evitar que la empresa colapse y deje a los vecinos a pie. "El dinero que ingresa en concepto de estacionamiento medido no puede ser utilizado para otro fin que no sea el financiamiento del transporte urbano", sentenciaron, cerrando filas ante la acusación de desvíos de fondos.