Despacho a reforma de la ley electoral y debate por indemnización a cesanteados durante la dictadura

En la misma reunión, empleados de la administración pública provincial cesanteados durante la última dictadura militar reclamaron a la comisión el tratamiento de un proyecto de reparación moral-histórica y resarcimiento económico que fue aprobado en forma unánime por la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento el pasado 1º de junio. El tema se incorporó por fuera del orden del día de la comisión, luego de un debate que incluyó cruces entre diputados. 

El presidente del cuerpo, José Russo (MPN), explicó que la demora en el tratamiento se debe a información insuficiente sobre los cesanteados de la administración pública provincial durante la dictadura de 1976 y mencionó que no hay coincidencia en los listados que manejan el poder Ejecutivo y el personal cesanteado. El cuerpo acordó continuar con el tratamiento del tema e informar sobre el estado de avance. 

El proyecto plantea un monto indemnizatorio equivalente a 30 veces el valor de un salario mínimo vital y móvil; y unifica dos iniciativas presentadas sobre el tema por el ex diputado justicialista Alejandro Calderón y los agentes del Estado declarados prescindibles en la última dictadura, María Virginia Schuller y Víctor Hugo Reynoso, respectivamente. 

En la reunión, Reynoso pidió que Neuquén realice el reconocimiento ya concretado por otras provincias y afirmó que el beneficio alcanzará a 220 cesanteados. “No sé por qué se demora tanto algo que es justicia en otras provincias”, sostuvo. Agregó que durante los 15 años de lucha por el resarcimiento, muchos agentes fallecieron esperando el reconocimiento. Su compañera, Yolanda Flores aseguró que “no hay infiltrados” en el grupo de personas que reclaman el beneficio. En tanto, Sara Garodnik manifestó que el resarcimiento económico implica un resarcimiento moral y expresó que la ley simboliza un pedido de disculpas con los cesanteados en nombre de la democracia “por ser echados como perros leprosos”. 

Russo remarcó que el tema debe ser tratado con seriedad por las injusticias que pueden cometerse y señaló que el listado fue modificado en distintas oportunidades desde su aprobación en la comisión de Desarrollo Humano.  “No hay ingenuidades en esto”, acotó. Su compañera de bloque, María Angélica Carnaghi, aclaró que el problema no tiene que ver con lo conceptual sino con los listados que –dijo- muchas veces no coinciden. 

El diputado Raúl Podestá (FG-NE) sostuvo que nadie va a estar en contra de tratar un proyecto de esas características pero advirtió que “la complejidad de sancionar una ley así está en separar la paja del trigo”. Desde la UCR, Eduardo Benítez se pronunció a favor de dar una respuesta al reclamo y pidió no sacar una ventaja política con el proyecto. 

En tanto, Raúl Godoy (FIT) respaldó la iniciativa y pidió una pronta solución al pedido de los cesanteados. 

En otro orden, el cuerpo aprobó por mayoría un proyecto de declaración  que apoya el tratamiento en el Congreso Nacional de los proyectos para modificar el Código Penal en referencia a lesiones y muertes en accidentes de tránsito. A la vez, dio despacho unánime al proyecto que plantea declarar de interés Legislativo la Maestría en Derechos Procesal que se cursa en las ciudades de Zapala y Neuquén capital, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. 

Por otro lado, envió a la comisión de Educación en carácter de consulta, el proyecto que adhiere a la Ley Nacional N° 26.835, sobre enseñanza de Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y decidió postergar para el próximo martes la votación del proyecto que promueve el teletrabajo. 

Estuvieron presentes los diputados José Russo, María Angélica Carnaghi, Fernanda Esquivel, Ana María Baeza, Sergio Gallia, Raúl Podestá, Pablo Todero, Claudio Domínguez, Raúl Godoy, Raúl Dobrusín, Jesús escobar, Eduardo Benítez y Darío Mattio.