Telefonía celular como servicio público esencial

La iniciativa fue presentada por el diputado Gabriel Romero –PNN-, y explica en sus fundamentos que esto permitirá establecer una ley de marco regulatorio de la actividad, “que establezca el mecanismo de audiencia pública cada vez que la empresa quiera modificar el cuadro tarifario,” y un ente de control autárquico en el que también esté representadas las asociaciones de consumidores. 

La iniciativa ve con agrado que el Congreso de la Nación sancione una normativa, después de que la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, resolviera que los legisladores de las provincias acompañen proyectos de este tipo. Menciona que los principales problemas de la telefonía celular argentina, denunciado ante las empresas, Defensorías del Pueblo y organizaciones de consumidores, son de cobertura, precios, cobro por minuto, vencimiento del cargo y atención al cliente. Al respecto, explica que  Argentina es el mercado móvil más caro entre 62 países; tiene un sistema “injusto,” debido a que los prepagos abonan hasta seis veces lo que abona el usuario con abono; además de un deficiente sistema de atención al cliente.

El proyecto menciona que tanto la Constitución Nacional como la Provincial establecen entre los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, la protección de su salud, la seguridad e intereses económicos; una información adecuada y veraz; y  condiciones de trato equitativo y digno. Además establece que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios y, de la misma forma, la legislación “establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones