Avanza el acuerdo de la provincia con YPF

La iniciativa, que venía con despacho de la comisión de Hidrocarburos, obtuvo 9 votos positivos. En tanto, 5 diputados que rechazan el acuerdo votaron un dictamen en minoría. Al comienzo de la reunión, el cuerpo que preside el diputado José Russo (MPN) recibió a dirigentes del gremio ATEN que expusieron sus críticas al proyecto. El debate se extendió por casi 4 horas y contó con la participación de 21 diputados, de los cuales 14 son integrantes de la comisión.

En tanto, los diputados Manuel Fuertes (Nuevo Compromiso Neuquino), Raúl Dobrusín (UNE-FyPN), Eduardo Benítez (UCR), Raúl Godoy (FIT) y Jesús Escobar (Libres del Sur) rechazaron el acuerdo y votaron un despacho en minoría.

Desde el oficialismo, Russo defendió la constitucionalidad del acuerdo; cuestionó a diputados que “trampean” algunas palabras de la Constitución “para embarullar y desviar la atención” y dijo que “a eso también llamo lobby”. Agregó que en política, “no hay posiciones rígidas siempre que el objetivo sea el bien común” y consideró que el acuerdo deja en claro que la provincia es la dueña del recurso. También pidió “hacerse cargo de lo que se vota” y señaló que ni la votación a favor ni en contra es gratuita.

Su compañera de bloque, Muñiz Saavedra hizo eje en la emergencia energética y los altos costos de importación para remarcar que lo que se está proyectando es el autoabastecimiento. Subrayó que no es una nueva concesión sino la extensión del plazo de concesión de Loma Campana, de acuerdo a la ley de soberanía hidrocarburífera Nº 26.741. En tanto, Luis Sapag enmarcó el acuerdo en la ley nacional de hidrocarburos Nº 17.319; la ley corta Nº 26.741, que -dijo- estipula que los plazos y las extensiones son atributos de la provincia y la ley provincial Nº 2453, que fija los plazos de concesión. A la vez, se refirió a un fallo judicial de 2008 que rechazó un planteo de inconstitucionalidad y un dictamen del fiscal de Estado de la provincia que permite la explotación a quien haya explorado previamente para afirmar que YPF "tiene derecho adquirido" porque es la única que exploró el área.

Por FG-NE, Raúl Podestá acotó que el acuerdo es "conveniente y necesario" para el país y la provincia. Respaldó la constitucionalidad del convenio y señaló que YPF es el lugar apropiado para que la provincia pueda revalorizar sus recursos.

En tanto, Jesús Escobar (MLS) aseguró que el acuerdo es "ilegal e inconstitucional" porque "da de bruces contra la Constitución" y transgrede las leyes 17.319 y 2453. Calificó el convenio con YPF como "un acuerdo máscara que esconde el acuerdo secreto con Chevron" y agregó que la legislación es clara en cuanto a los plazos, "si quiere hacerse algo distinto hay que reformar la ley".

El diputado Manuel Fuertes (NCN) también criticó el acuerdo y dijo que los decretos del Ejecutivo nacional 1277 y 929; y del Ejecutivo provincial Nº 1208 violan la legislación y la Constitución. Agregó que ambos poderes Ejecutivos se arrogan facultades que son propias del poder Legislativo y se pronunció a favor de llamar a licitación pública para el desarrollo del proyecto. En tanto, Raúl Dobrusín (UNE-FyPN) consideró que el acuerdo no es un problema de soberanía hidrocarburífera sino de negocios y añadió que "la realidad es que tenemos empresas privadas que están por arriba de la Constitución".

El diputado Eduardo Benítez (UCR) planteó que el acuerdo "es un manotazo de ahogado de la falta de política energética del país; mientras que Raúl Godoy (FIT) expresó que el interés económico moviliza el acuerdo y advirtió sobre las consecuencias ambientales de la práctica de la fractura hidráulica como método de extracción.

Por CC-ARI, Beatriz Kreitman advirtió sobre las consecuencias ambientales del desarrollo del proyecto y manifestó que el acuerdo "es la consolidación de una entrega". Destacó que la ley 17.319 tiene alcance sobre la explotación de hidrocarburos convencionales porque los no convencionales no existían al momento de su sanción.

ATEN

Al comienzo de la reunión, el cuerpo recibió a dirigentes de ATEN que habían solicitado participar en el debate a través de una nota. El secretario general, Daniel Huth rechazó la aplicación de la fractura hidráulica como método de extracción y advirtió sobre los efectos contaminantes. Además, criticó los privilegios impositivos y económicos que recibirá Chevron. En tanto, Patricia Jure, afirmó que "lo que van a votar es una estafa" que garantiza "el negocio de Chevron con el gobierno nacional".