Trabajo frontal contra la violencia familiar y hacia las mujeres

Con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, reanudó ayer sus sesiones la Comisión Interinstitucional a fin de colaborar en la implementación de las leyes provinciales Nº 2785 -de Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar- y 2786 -de Protección Integral  para  Prevenir, Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  las  Mujeres-.

La actividad también contó con la presencia del ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz, cartera que es la autoridad de aplicación de la norma. La comisión está conformada por representantes de todas las áreas de los distintos Ministerios con incumbencia en la materia, de la Policía y el Poder Judicial.

La reunión se realizó ayer por la mañana en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno. También participaron el ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez y el jefe de la Policía, Raúl Liria.

Al finalizar el encuentro, Alcaraz dijo que en esta jornada “se hizo el lanzamiento de la Comisión Interinstitucional por la ley 2785 de violencia familiar y la ley 2786 de violencia contra las mujeres, entendiendo que esto es prioridad en el gobierno de la provincia”.

“Hicimos un paneo del recorrido de esta Comisión, que viene trabajando desde el 2012 para poder presentar los lineamientos que se tomarán como prioridad para este año en función de esta ley, en lo que tenga que ver con asistencia, prevención y promoción de los derechos de las personas, en relación con la violencia familiar y hacia las mujeres”, agregó.

Indicó que en la reunión se contó “con la presencia del gobernador, el cual también manifestó que los equipos entiendan que esto es prioridad de gobierno; tema central”, y destacó la importancia de “articular las acciones de los diferentes ministerios -centrados en el Ministerio de Ciudadanía-, las competencias, las obligaciones y el trabajo en conjunto que tenemos que hacer para erradicar la violencia ya sea familiar o hacia las mujeres”.

Adelantó, que el martes próximo se hará la próxima reunión de la Comisión, que empieza a funcionar con representantes de los distintos ministerios de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Indicó que “también se estable una serie de acciones como son las capacitaciones a todos los agentes del Estado en el Protocolo Único -de Intervención en casos de violencia familiar-, la apropiación de ese Protocolo y la puesta en práctica las acciones de cada ministerio en relación con el tema”.

Luego, Alcaraz remarcó que se debe entender que “es prioridad del gobierno este tema, en acciones, en recursos y sobre todo en la articulación del Estado”, y recalcó la necesidad de “no fragmentar una asistencia en la violencia, sino trabajar de manera articulada”.

El ministro explicó que una de las acciones que se establece en la Comisión es “la llegada a la comisiones barriales y vecinales con la implementación del Protocolo, a los equipos del interior, a los municipios y los parajes”.

Además del gobernador y los ministros en la reunión de ayer estuvieron presentes: por el Poder Ejecutivo, referentes de Salud, Desarrollo Social, Educación, Seguridad, Trabajo, Policía, Derechos Humanos, Centro de Atención a la Víctima, Subsecretaría de Mujeres; y por el Judicial, representantes de los Juzgados de Familia, Defensa Pública, Fiscalía y Oficina de Violencia. Como invitados especiales participaron personas con amplia trayectoria en la temática.

Acerca de las leyes

La ley Nº 2785, Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, que sustituye el texto de la ley Nº 2212, redefine las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en materia de violencia familiar, y detalla concretamente cuáles son las áreas de gobierno con incumbencia directa en la temática.

En tanto la ley Nº 2786, de Protección  integral  para  prevenir, sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres, define las funciones del Estado provincial en materia de asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres con criterios de interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, generando la necesidad de que las políticas públicas que se implementan se articulen con la participación de múltiples sectores.

En cuanto a las medidas preventivas urgentes previstas por el artículo 13 de la ley, se prevé la posibilidad (durante cualquier etapa del proceso) de:

• Ordenar la prohibición de acercamiento del denunciado al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento, o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia.

• Ordenar al denunciado que detenga los actos de perturbación o intimidación, directa o indirectamente.

• Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la víctima de violencia.

• Proveer asistencia   médica   o   psicosocial,   a   través   de   los   organismos   públicos   y organizaciones de la sociedad civil.

• Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer.

• Comunicar los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del denunciado.

• Ordenar la asistencia obligatoria del denunciado a programas reflexivos, educativos o psicosociales, tendientes a la modificación de conductas violentas.

• Ordenar cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia.

Además, ante el incumplimiento de las órdenes, la ley prevé que “el/la juez/a debe evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras”, pudiendo solicitar el arresto del agresor.